Financiación autonómica: singular y ¿privilegiada?

El 14 de julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa pactaron un modelo de «financiación singular» para Cataluña. El acuerdo -exigencia de ERC para apoyar la investidura- permitirá que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude el 100 % de los tributos regionales, empezando por el IRPF en 2026, y que gire al Estado una “cuota de solidaridad” por los servicios comunes.

Para un liberal, la descentralización fiscal tiene virtudes evidentes: obliga al gobernante a competir por atraer capital y talento, genera laboratorios de políticas públicas y acerca la decisión al ciudadano. Cuando quien legisla y gasta es también quien recauda, el contribuyente puede comparar resultados y “votar con los pies”. La competencia jurisdiccional expande realmente la libertad y castiga la ineficiencia.

Pero esa competencia sólo funciona si autonomía y responsabilidad van de la mano. Cada comunidad debería vivir de sus propios impuestos, pagar íntegramente sus servicios y, en su caso, contribuir a la solidaridad conforme a reglas transparentes. Socializar el gasto mientras se privatiza la recaudación desincentiva la prudencia y alimenta la narrativa del “expolio” que todo lo justifica.

El concierto vasco es el espejo en el que no conviene mirarse. El cupo que Euskadi paga al Estado se determina en una negociación política plagada de ajustes opacos; de hecho, el déficit para el resto de españoles alcanza varios miles de millones anuales. La coartada foral terminó degenerando en privilegio. El propio Tribunal de Cuentas ha señalado la necesidad de mayor transparencia, y cada renovación quinquenal del convenio acaba distorsionando aún más la cuantía del cupo para satisfacer al PNV.

Cataluña podría repetir la historia. PSOE y ERC hablan de criterios objetivos y de respetar la ordinalidad fiscal, pero no concreta ni fórmula ni cuantías. Al contrario, esa falta de transparencia les conviene porque posibilita la politización de todo el proceso.

La solución a estos problemas debería pasar por despolitizar el cálculo de la cuota. Un organismo independiente —como la AIReF, o incluso alguna consultora internacional reputada— debería fijar la contribución anual combinando coste efectivo de competencias no transferidas, proporción del PIB regional y un módulo redistributivo acotado. Revisión quinquenal automática y publicidad de todos los datos impedirían que la cuota sea moneda electoral.

Pero los retos de este nuevo modelo de financiación para Cataluña no terminan aquí. Si Cataluña accede a este concierto, ¿por qué no Madrid, Baleares o Valencia? Un esquema abierto a todos no es un privilegio; lo es negar esa puerta a los demás. Pero el corolario de un esquema abierto sería claro: las regiones más ricas retendrían más recursos y las demás habrían de recortar gastos o subir impuestos. Eso sería responsabilidad y autonomía.

Ahora bien, ¿está el PSOE dispuesto a consentir esta reducción de la redistribución de los recursos económicos dentro de España? No lo parece. El plan del PSOE es desplazar el peso de la “solidaridad interterritorial” sobre los exclusivos hombros de Madrid. Si la financiación singular se aplica sólo a Cataluña el mayor esfuerzo redistributivo recaerá precisamente sobre los madrileños, agravando un maltrato fiscal ya notable.

En definitiva, la financiación singular puede ser una excelente palanca de competencia fiscal o un nuevo capítulo del reparto clientelar. Todo depende de que se cumplan tres condiciones: transparencia en el cálculo de la cuota, responsabilidad en la gestión de ingresos y gastos y universalidad del régimen. Sin esos pilares, el acuerdo PSOE‑ERC no ampliará la libertad de los españoles; simplemente trasladará, otra vez, el coste de los acuerdos entre oligarquías políticas a quienes ni las han votado ni pueden controlarlas.