La Fiscalía acusa al Banco de España de vulnerar derechos fundamentales al no informar del beneficio de los depósitos de la banca

Nuevo reto político al Banco de España por parte de Sumar. El partido que lidera Yolanda Díaz presentó un recurso contencioso administrativo, registrado el pasado 13 de septiembre, en el que exigía obtener información detallada sobre el dinero público que la entidad transfirió a cada una de las entidades financieras que operan en España por depositar su reservas en 2022 y 2023, que tras haberla solicitado previamente en el mes de mayo al Banco de España le fue denegada. Según apunta el auto porque el supervisor "no está autorizado a facilitar la información solicitada".

Por esto motivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias y ha solicitado por escrito al Banco de España que entregue al Congreso de los Diputados la información detallada requerida a la mayor brevedad. En la comunicación, la Fiscalía informa de que ha solicitado que se declare que "el Banco de España ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos". En consecuencia solicita "que se proceda a su entrega".

En concreto, el Ministerio Público ha informado de que el Banco de España "ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos, con base en la obligación de secreto profesional, a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos". Según detalla, lo ha hecho "en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos, por no entregar al Congreso de los Diputados la información bancaria solicitada conforme al Reglamento de la Cámara".

El grupo parlamentario que lidera Díaz había registrado previamente en el Congreso una solicitud de informe para conocer estos datos, pero el entonces gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alegó que esos datos son confidenciales y propiedad del Banco Central Europeo (BCE), por lo que finalmente Sumar decidió acudir a la Audiencia Nacional. "Nos hemos visto en la obligación de denunciar al Banco de España frente a la Audiencia Nacional por falta de transparencia. No nos quiere facilitar cuánto dinero está pagando banco a banco por los depósitos que realizan en el propio Banco de España", indicó el pasado 13 de septiembre el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín.

Sumar había solicitado los datos después de que en 2023 la remuneración que recibieron los bancos por su facilidad de depósito superara los 7.800 millones de euros frente a los más de 1.200 millones de un año antes, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. La demanda sostenía que como consecuencia de esta situación, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados, que solo pudieron ser compensadas con provisiones y el ingreso de 2.000 millones que el Banco de España suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero. Por esta razón, y según explicita el partido en su demanda en la Fiscalía, se produjo un "importante menoscabo" en las posibilidades de financiar políticas públicas.

La facilidad de depósito es un instrumento de política monetaria que permite a las entidades financieras realizar depósitos a un día en los bancos centrales nacionales y recibir una remuneración al tipo de interés establecido por el Banco Central Europeo (BCE).