El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene las buenas perspectivas para España este año, aunque mantiene una enorme incertidumbre con perspectivas a la baja por el impacto de la guerra comercial, la fragmentación política y la reformas del Gobierno. El organismo financiero ha elevado dos décimas, hasta el 2,5%, el crecimiento económico previsto para España en 2025, aunque reconoce que no ha contabilizado el evidente parón por el conflicto arancelario. Esta revisión se acerca a la previsión de crecimiento del Gobierno, del 2,6%, aunque está por debajo de la del Banco de España, que la sitúo en el 2,7%, aunque ya ha avanzado que se revisará a la baja por el impacto de la guerra arancelaria.

Su proyección a corto plazo es que la economía española seguirá por encima de la media de la eurozona, antes de "desacelerarse gradualmente" conforme a que se normalicen los aumentos de la población en edad de trabajar y de las exportaciones. Así, la previsión de crecimiento del PIB para 2026 es del 1,8 % y, a partir de ahí, proyecta que el crecimiento se mantendrá alrededor del 1,7%. En este sentido, el FMI mantiene "un sólido desempeño" apoyado en las exportaciones de servicios y en la buena evolución del mercado laboral. "Se proyecta que el crecimiento del consumo siga siendo sólido, con aumentos continuos de los salarios reales y una disminución gradual de las tasas de ahorro de los hogares, que compensarán el aumento más lento del empleo".

Precisamente sobre el empleo prevé una tasa de paro alrededor del 11% a medio plazo -la única gran economía con esta tasa a doble dígito-, mientras que tanto la inflación general como la subyacente continúen disminuyendo para situarse cerca del 2% a final de año.

Pero donde realmente carga el FMI es contra algunas de las medidas "estrellas" aprobadas por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar. El organismo internacional cuestiona el impulso que desde el Ejecutivo se ha llevado a cabo en el control del alquiler, un tope que considera que no resuelve los problemas intrínsecos del sector inmobiliario, por lo que debe "reevaluarse este control de precios del alquiler y abandonarse en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres, o que dificulta el acceso por parte de los hogares de más bajos ingresos".

Además, reclama que deben "abordarse medidas políticas para impulsar la oferta de vivienda", sin centrarse exclusivamente en el control de precios, ya que creen que el rápido incremento actual de los precios de la vivienda "no plantea riesgos para la estabilidad financiera", aunque sí que "requiere un seguimiento estrecho".

Tampoco se salva la segunda mini reforma laboral que está llevando a cabo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que afea la forma de aprobar la reducción de la jornada laboral, sin contar con los empresarios ni con un consenso político general. Considera que debe diseñarse "cuidadosamente" para mitigar los efectos adversos sobre la producción y los salarios. Entienden que "elevaría el aumento acumulado del salario mínimo desde 2018 a más del 70%", lo que puede generar "inquietud" sobre los posibles impactos adversos. Por eso recomienda que "la reforma debería preservar el importante papel de la negociación colectiva".

Otro de los puntos sobre los que alerta es la fragmentación política, sobre la que advierte "puede impedir el cumplimiento de los compromisos de déficit comprometidos con Europa. La elevada deuda pública y las inminentes presiones de gasto entrañan riesgos fiscales a medio plazo". Por ello, recomienda aprovechar el impulso económico para "recomponer el espacio fiscal y reducir los riesgos de deuda soberana".

También reclama medidas ante la creciente brecha prevista entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, que no ha resuelto el problema de sostenibilidad que arrastra el sistema de pensiones.