Los fondos de Celsa se comprometen a mantener su españolidad y buscar un socio nacional

Los fondos que se han convertido en nuevos propietarios de la siderúrgica catalana Celsa mueven ficha para obtener la autorización del Gobierno para hacerse con su control efectivo. Los fondos, entre los que se encuentran Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital, han iniciado el proceso para obtener la autorización del Ejecutivo para hacerse con el capital de la empresa y se han comprometido a "preservar la españolidad" de la misma, según han explicado en un comunicado este jueves. También han reafirmado su voluntad de mantener la plantilla y las capacidades productivas en España y de buscar un socio industrial español.

La empresa ha explicado que tanto el Gobierno como la Generalitat de Cataluña han comunicado "la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo", así como la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas por el carácter estratégico de Celsa. Además, el Gobierno ha trasladado a los acreedores "la necesidad de establecer un consejo de administración independiente-los fondos ya anunciaron su voluntad de nombrar a Rafael Vilaseca, ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa, como presidente- y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía".

Los fondos han asegurado estar "dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados" y que están poniendo en marcha parte de los compromisos adquiridos con el Gobierno.

Sentencia

El titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona homologó a principios de septiembre el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, lo que dio vía libre para que los fondos acreedores pasaran a ser accionistas de la compañía y sustituyeran a los antiguos propietarios, la familia Rubiralta.

Tras la sentencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo advirtió de que la operación estaba sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se haría efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorizase la operación, para lo que los inversores deberían presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización.

Desde Industria trasladaron que negociarían con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de Celsa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos, su continuidad en España, así como la puesta en marcha de una gobernanza corporativa "moderna, independiente y profesional". El Gobierno aseguró que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico.