Fracaso de la Ley de Telecomunicaciones: el 97 % de los consumidores recibe llamadas comerciales pese a la prohibición

El 97% de los consumidores ha recibido en el último mes una o más llamadas comerciales no solicitadas "expresamente", pese a que están prohibidas desde el 29 de junio por la nueva Ley de Telecomunicaciones, expresamente señalaban que se pueden "recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello".

Según una encuesta realizada por la organización de consumidores Facua, el 56,9% de los encuestados afirma que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes. Además, el 57,4% de los afectados que ha solicitado expresamente al teleoperador que no vuelvan a molestarle ha recibido posteriormente una nueva llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa.

Los servicios con mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones, mencionados por el 72,4% de los consumidores que dicen haberlas recibido, seguido de los energéticos, nombrados por el 62,1% de los encuestados. A gran distancia se sitúan los seguros (22%), las llamadas para ofrecer alarmas (5,3%) y préstamos (5,3%). Solo el 8,6% de los consumidores dice saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas y nada más que el 1,5% afirma haber presentado una denuncia por este motivo.

La organización recuerda que los usuarios "deberán haber autorizado expresamente y de forma previa a las empresas para que estas tengan permitido llamarles para venderles sus productos y servicios, arriesgándose a ser sancionadas de no cumplir con la prohibición". Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, los consumidores tienen derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales".

Facua advierte que, si los usuarios reciben llamadas comerciales "sin que las hubieran autorizado", pueden interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es el organismo encargado de "vigilar" el cumplimiento de esta normativa, y ha lanzado una guía para que, según Sánchez, los consumidores "tengan claro cómo se denuncia y que esa denuncia prospere".