Fracaso del SEPE: apenas dos de cada 100 contratos se hacen a través de este organismo

Que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ve limitado a un simple organismo burocrático para gestionar trámites laborales es un secreto a voces entre trabajadores y empresarios españoles. Según datos del propio Ministerio, solo el 2,5% de los 1,6 millones de contratos iniciados en el mes de marzo se firmaron gracias a una oferta de empleo realizada a través de este servicio, es decir, solo 40.567, una proporción que se mantiene casi inalterable en todos los meses desde hace años. Así, hubo un 2,38% de contratos en febrero, del 2,72% en marzo de 2022 y del 2,59% en el mismo mes de 2019, y durante 2020 y 2021, años muy influidos por la pandemia, el porcentaje llegó a caer algo por debajo del 2%.

En este contexto, en el que solo un porcentaje marginal de los trabajadores encuentra empleo mediante el servicio público estatal, tanto el sindicato UGT como la CEOE han puesto sobre la mesa la posibilidad de que aquellos que rechacen un empleo dejen de percibir prestaciones públicas.

"La normativa actual no funciona", el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, para quien el mercado laboral presenta dos problemas fundamentales: la falta de mano de obra cualificada y no cualificada en diferentes sectores y la incompatibilidad entre cobrar ayudas públicas y trabajar, lo que, asegura, fomenta la economía sumergida. Amor pone como ejemplo el régimen del hogar, donde, afirma, hay a quienes les ofrecen un contrato de trabajo "y dicen que no les interesa porque están cobrando una ayuda" que tendrían que rechazar en caso de aceptar la oferta de empleo. "Es absurdo que no se pueda hacer compatible una ayuda con un puesto de trabajo. Eso fomenta la economía sumergida, porque hay gente que prefiere trabajar sin contrato para no perder la ayuda. Esto hay que solucionarlo", resumió el presidente de ATA a Efe. Aunque reconoce que la intermediación del SEPE en las ofertas de trabajo es "prácticamente nula", Amor se reafirma en la idea de que habría que retirar cualquier tipo de prestación o ayuda a aquellos que rechacen una oferta de empleo porque "lo que no puede ser es que una persona renuncie a un puesto de trabajo porque le sea mas cómodo estar cobrando una ayuda".

"Una persona que rechaza una oferta de trabajo, si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no", reflexionaba el pasado mes de marzo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Solo un día después, tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el secretario general de CC OO, Unai Sordo, rechazaron el planteamiento del líder ugetista. Sordo desvinculó el problema del paro con el rechazo de ofertas de empleo por percibir ayudas, algo que considera "un mito urbano", y afirmó que el problema es que se ofertan muchos empleos "con salarios bajos" y que "los servicios de empleo intermedian en muy pocas ocasiones las ofertas de empleo".

Según detalla la web del SEPE, un beneficiario de prestaciones está obligado a "buscar activamente empleo" y rechazar una oferta "adecuada" o un curso de formación sin causa justificada se sanciona con la pérdida de la prestación tres meses la primera vez, seis meses si se reincide una segunda vez y con la extinción de la prestación si hay una tercera vez. Dada la baja proporción de trabajadores que acceden a un empleo a través de una oferta del SEPE, aquellos que causan baja como demandantes de empleo por "otras causas" -que incluye a quienes se les retira una prestación por rechazar una oferta- no alcanzaron en marzo ni el 10% (unas 80.000 personas). Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a Efe que es imposible desgranar cuántos fueron dados de baja por el rechazo de alguna oferta de empleo o formación.

Díaz ya planteó un cambio de modelo del organismo. En Consejo de Ministros se aprobó el anteproyecto de la Ley de Empleo, que en uno de sus apartados habilita la conversión del SEPE en la Agencia Española del Empleo, a la que las empresas deberán comunicar obligatoriamente sus puestos vacantes. La nueva Agencia debería ser un catálogo de servicios que se centrará en perfiles individualizados y en una tutorización individual de los ciudadanos que recurran a estos servicios. Según adelantó la ministra en su momento, la nueva agencia contará con una unidad de gestión de datos laborales, en la que se centralizarán los incentivos, las contrataciones y la intermediación laboral de las administraciones y las empresas. También dispondrá de una “oficina de análisis del empleo”, que asesorará sobre la política de empleo, que “deja de estar pensada para los desempleados y está pensada para la sociedad y las empresas van a formar parte”. Se dará más peso al análisis de datos y a la Inteligencia Artificial “para, con mucha rapidez, ser capaces de corregir las discriminaciones que se producen” en la carrera laboral. La Agencia también analizará proyectos empresariales y determinará su viabilidad, además de controlar las ayudas públicas autorizadas.