Óscar López incluye en su oferta de empleo de 2025 que el País Vasco tenga competencias para contratar por encima de la tasa de reposición

El Ministerio de Función Pública ha incluido en la próxima oferta de empleo público (OEP) de 2025 una tasa adicional para el País Vasco -para el ámbito de la Justicia- y lo ha hecho "por encima por tanto de los criterios comunes para el resto del territorio nacional". Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha trasladado al Ministerio su rechazo a esta iniciativa dado que supondrá una "discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos, dado que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios".

Pese a esta denuncia, fuentes ministeriales recuerdan que el pasado mes de enero se aprobó la ley orgánica procesal -de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia- que establecía esta medida y que está en vigor y es de obligado cumplimiento. Lo hacía con la disposición transitoria décima, que "reserva un cupo de plazas vacantes con especial valoración del mérito del idioma cooficial". Se aprobó "con carácter excepcional y hasta que en el ámbito de esa comunidad autónoma la tasa de interinidad en los puestos de trabajo singularizados por razón de idioma sea inferior al 8%, en las ofertas de empleo público que elabora el Ministerio de Justicia se reservará un cupo de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente del idioma cooficial".

CSIF ya se opuso a esta cuestión incluida en los acuerdos de investidura entre los grupos parlamentarios de PSOE y PNV, que abrían la posibilidad a que la comunidad vasca aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.

Este sindicato rechaza que se mantenga la tasa de reposición, que no se aporten datos de plazas nuevas -lo que impide evaluar la creación y la evolución del empleo neto-, que se reduzca la promoción interna significativamente, que se excluya de ésta al personal laboral en el Exterior y que hayan caducado plazas de la OEP 2022 (como ya ocurrió en las de los años 2019, 2020 y 2021- por la lentitud en la celebración de procesos selectivos.

En cuanto a la oferta presentada, Función Pública sigue sin ofrecer a las organizaciones sindicales una cifra de las plazas que ofertarán para la nueva convocatoria de la OEP de 2025 y ha convocado una nueva reunión para el miércoles a los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para continuar negociando.

En este nuevo encuentro, el segundo desde que hace menos de una semana se produjera la primera reunión, las organizaciones sindicales confiaban en que el Ministerio encabezado por Óscar López ofreciera una cifra de las plazas que convocarían para la OEP de 2025, tras asegurar Función Públicas que serían unas cifras "muy parecidas" a las de las plazas ofertadas el año pasado. Pero no ha sido así. El encuentro se ha cerrado sin que el Ministerio cuantificara las plazas que ofrecerá en la nueva OEP, después de que el Gobierno aprobara el año pasado una oferta de empleo público que constó de un total de 40.146 plazas, de las que 31.465 plazas se destinaron a la Administración General del Estado (AGE).