Muchos pensionistas creen que la cuantía de su prestación por incapacidad permanente es fija, pero el funcionario Alfonso Muñoz desmonta ese mito con una sola frase: “Si tu salud ha empeorado, puedes pedir revisión y subir tu pensión”. El trámite, denominado revisión por agravamiento, permite que la Seguridad Social reevalúe el grado de limitación y, de confirmarse un deterioro, eleve la prestación mensual sin necesidad de esperar a que la Administración actúe de oficio.

El mecanismo está recogido en la normativa vigente y se aplica cuando el perjudicado aporta informes médicos recientes que demuestren una pérdida funcional mayor a la que ya se tuvo en cuenta en la resolución inicial. Muñoz insiste en que el proceso es iniciativa del interesado: basta con presentar una solicitud formal acompañada de pruebas clínicas que acrediten el empeoramiento. Si el equipo evaluador lo corrobora, puede producirse el salto de una incapacidad total a una absoluta o, incluso, al reconocimiento de gran invalidez, lo que se traduce en un incremento notable de la mensualidad.

La revisión solo es posible antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, momento en que la pensión de incapacidad se transforma en la de jubilación y desaparece la vía del agravamiento. Además, la Administración exige que transcurra al menos dos años desde la última evaluación, salvo que se trate de situaciones excepcionales como un error diagnóstico inicial o la aparición de nuevas patologías graves que cambien el pronóstico funcional. En cualquier caso, la clave está en la calidad de la documentación: cuanto más detallados y actualizados estén los informes, mayor será la probabilidad de éxito.

El límite del tiempo y la fuerza de la evidencia médica

Muñoz advierte que la revisión no es automática ni garantiza un resultado favorable: si el deterioro no se considera relevante, la pensión se mantiene igual. No obstante, subraya que muchos pensionistas desconocen esta posibilidad y renuncian a una vía legal que puede mejorar sensiblemente sus ingresos. “El sistema contempla esa posibilidad; solo hay que atreverse a reclamarla con la documentación en regla”, concluye el funcionario, convencido de que dignificar la realidad de quienes empeoran es también una forma de hacer justicia social.