Los funcionarios de la Seguridad Social, en pie de guerra contra Sánchez y su acuerdo con el PNV para transferir el organismo

El acuerdo de investidura entre PSOE y PNV firmado la semana pasada se comprometió a negociar y aprobar un acuerdo de ampliación del autogobierno vasco, que se debe aprobar en el Parlamento autonómico y en las Cortes Generales, y debería ser ratificado posteriormente por la ciudadanía vasca. En este pacto se llevaría a cabo el cumplimiento "íntegro" del Estatuto de Gernika, que daría cumplimiento a las 33 transferencias que el Gobierno vasco exige sean cumplidas, las de la gestión penitenciaria, el control de la legislación sobre productos farmacéuticos, seguros, transferencias relacionadas con los aeropuertos –como el modelo catalán–, o con el mercado de valores y el régimen municipal electoral, pero sobre todo el traspaso de las competencias de la Seguridad Social.

Este último objetivo marcado en la hoja de ruta ha provocado la inmediata reacción de todas las asociaciones profesionales integradas en este organismo (Atass, ALSS, Apromess, SITSS y Asiass), que agrupan a los cinco principales cuerpos de esta institución (inspectores, interventores, letrados, evaluadores y auditores) y que se han unido en un nuevo y contundente comunicado conjunto en el que han mostrado su "rechazo total" a cualquier "cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social" porque "vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".

Según la articulación del sistema de Seguridad Social, éste "no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas por lo que apelamos a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso", defienden las asociaciones.

Los funcionarios de la Seguridad Social hablan ya abiertamente de una posible inconstitucionalidad al quebrantarse el artículo 41 de la Constitución, que contempla "un régimen público de Seguridad social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social. Para garantizar dicha igualdad, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja".

Por tanto, esas competencias no consisten en la "mera regulación normativa, sino que alcanzan a todos los actos de ejecución de gestión necesarios para garantizar la aplicación de criterios de gestión únicos y uniformes en todo el territorio nacional que garanticen la igualdad e impidan, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, la existencia de diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas", incide el comunicado.

En conclusión, este pacto alcanzado entre Pedro Sánchez y el PNV para la investidura "vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera", además de poner en peligro "la sostenibilidad y garantía de nuestro sistema" tras la "renuncia del Estado" a defender "sus "competencias atribuidas".