Funcionarios: ¿Sobran o faltan?

La congelación de la tasa de reposición y de las ofertas de trabajo en las administraciones acabó con un 12% de funcionarios. Para recuperarlos, el Gobierno convocará 250.000 plazas en tres años.

La palabra funcionario es de las más polémicas en España. Está llena de connotaciones, como que vaguean porque no sienten la presión de perder su trabajo, y de leyendas, por ejemplo, esa que habla de que desayunan tres veces. Las experiencias negativas que se extienden por el boca a boca sirven para justificar la mala fama de este colectivo en el que todos pagan por los pecadores. Y con el reciente anuncio de la convocatoria de 4.725 plazas de empleados públicos la controversia se ha reavivado. Los ciudadanos debaten sobre si faltan o sobran funcionarios, pero ellos mismos opinan que la cuestión no reside en la cantidad sino en la organización. Lucía Prieto, auxilio judicial, comenta que entre compañeros coinciden en que el mal endémico de la administración es «la mala distribución de los trabajadores», y añade que «las futuras convocatorias deben ser una gran oportunidad para arreglarlo».

La población española creció en más de tres millones de personas entre 2005 y el primer semestre de 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico con 46.818.216. Este incremento demandaba, a la par, un aumento del personal que atendiera a los ciudadanos y, en consecuencia, en el tercer trimestre de 2011 también se registró la cifra más alta de funcionarios, superando los 3.306.000 y formando casi el 18% de ocupados en nuestro país según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las políticas de ajuste presupuestario que tomó Mariano Rajoy en su primera legislatura (iniciada en diciembre de 2011) para combatir el endeudamiento de las arcas del Estado durante la crisis supusieron una caída del 12% de la cantidad de asalariados de este sector. Cerca de 400.000 puestos se vaciaron, es decir, tantos como ciudadanos perdió España en la misma época a causa de la emigración, lo cual apoyaba de algún modo la drástica decisión del Gobierno.

El descenso del número de funcionarios se debió a las restricciones impuestas a las ofertas de empleo público a nivel estatal, regional o local y, sobre todo, a la congelación de la tasa de reposición. Durante años no se han repuesto las vacantes que quedaban por excedencias, bajas de larga duración o jubilaciones y, con las dos últimas convocatorias el Ejecutivo tiene la intención de que esos puestos que quedaron libres se vuelvan a cubrir al 100%.

Nueva convocatoria

En 2016, se publicaron 2.867 plazas, y el pasado lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública anunció el requerimiento de otras 4.725 que corresponden a la oferta de empleo público de 2017. El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado recibirá 630 administrativos y 340 trabajadores de sistemas e informática; el Cuerpo General de la Administración del Estado será el gran beneficiado, pues se distribuirá 2.100 administrativos y 1.200 auxiliares; y, por último, la plantilla del Cuerpo Técnico de la Administración del Estado sumará 455 auxiliares de informática. La convocatoria incluye el ingreso libre de funcionarios y la promoción interna, además de reservar 376 plazas para discapacitados, un 50,4% más que en la anterior.

Los nuevos empleados públicos se añadirán a los más de 3.074.700 ya existentes, según los últimos datos del INE, por lo que la cifra se continuará acercando al máximo alcanzado en 2011, cuando las empresas despedían a un altísimo ritmo a sus asalariados. Desde entonces, la proporción de funcionarios respecto a la del total de ocupados ha bajado casi dos puntos hasta situarse en el umbral del 16% por el incremento de la contratación en el sector privado gracias a la recuperación económica.

España no es, ni mucho menos, uno de los países con mayor masa de trabajadores del sector público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio «Government at a Glance 2017», detallaba que en 2015 el 30% de la población activa de Noruega eran funcionarios, y le siguen otras tres naciones nórdicas, esas que bastantes veces se ponen como ejemplo a imitar: Dinamarca (29,1%), Suecia (28,6%) y Finlandia (24,9%). Entre los 35 miembros de la OCDE, también nos superan Francia (21,4%), Canadá (18,2%), Grecia (18%) y Reino Unido (16,4%). España no posee una cantidad desorbitada de empleados públicos respecto a su entorno, pero tampoco podemos presumir de la buena salud de este colectivo en nuestro país.

Envejecimiento

La principal deficiencia es que está muy envejecido. Un estudio de la escuela de negocios Esade publicado el pasado año, destaca que el 63% de los funcionarios tienen más de 50 años. La cercanía de la edad de jubilación en la mayor parte de la nómina de trabajadores hace que se prevea una renovación. Fuentes del sindicato de enseñanza ANPE afirman que el informe del Ministerio de Educación relativo al curso 2015-2016 señala que en el ámbito no universitario «los profesores de entre 50 y 65 años representan un 35% de las plantillas. Dentro de una década se necesitarán 200.000 nuevos docentes, esto va a suponer una gran revolución».

El envejecimiento resulta un «problema muy grave» en profesiones más exigentes físicamente, como en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, considera el policía local Alejandro Rodríguez. Asegura que este fenómeno «merma el número de efectivos en las calles», porque cuando llegan a una edad más avanzada los agentes suelen adquirir un rol menos activo, y sostiene que «la solución pasa por cubrir otra vez las vacantes, que en algunas capitales de provincia rebasan la centena».

Las administraciones, para tapar los huecos dejados por la ausencia de ofertas de empleo y la congelación de la tasa de reposición, han optado por un remedio extendido en España: la temporalidad. Hay trabajadores en el sector mal llamados funcionarios, ya que no cuentan con un puesto indefinido y su denominación correcta es personal interino –que igualmente accede por oposiciones o concursos– y laboral contratado, que rubrican un periodo concreto de actividad. Las estadísticas del INE muestran que estas dos tipologías de asalariados ocupan, a día de hoy, cerca de una quinta parte del conjunto, mientras que hace cinco años sólo representaban el 19%.

El grado de temporalidad llega a tal punto en determinadas administraciones que, según datos del Ministerio de Hacienda, en la Sanidad canaria alrededor de un 45% de los trabajadores son eventuales. Lo confirma Margarita Hernández, auxiliar de una Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital del archipiélago: «Hay mucha precariedad desde los celadores a los médicos, que firman por meses o días. Esta inestabilidad hace que bastantes compañeros se vayan al sector privado».

Lo mismo ocurre con los interinos. En cualquier momento pueden perder su empleo, pues corre el riesgo de que su puesto salga a concurso de nuevo, o bien sea ocupado por un funcionario (en el sentido estricto de la palabra) que haya obtenido una plaza titular mediante oposiciones. La auxiliar judicial Lucía Prieto, interina, dice que no se les reconocen los méritos frente a la competencia: «Te pasas años en un mismo sitio y de repente te echan porque llega otro. Te dicen que hubieses opositado, pero no tenemos tanto tiempo para estudiarlas como alguien que acaba de terminar la carrera o está en el paro. Nosotros ya estamos trabajando en la administración, que no nos compensa para optar a conservar el empleo».

Prieto, además, subraya la importancia de los interinos porque «cogen las plazas que los titulares no quieren. Hay juzgados, sobre todo los penales, formados completamente por gente que en realidad no es funcionaria. Algunas de estas personas pasan lustros sin que se les de estabilidad laboral y, sin embargo, cuando una empresa mantiene a un trabajador contratado como temporal durante tres años se le pide que lo haga indefinido. No tiene sentido».

Para combatir esta lacra, el Ejecutivo acordó en marzo de 2017 con los sindicatos una macro convocatoria de 250.000 plazas en tres años. Servirá para recuperar del todo la tasa de reposición, rejuvenecer las plantillas y convertir a un buen número de interinos en funcionarios fijos, lo cual se estima que reducirá la temporalidad del sector público en un 8%. La mayoría de las vacantes están orientadas a la sanidad (129.700), la educación (98.807) y la justicia (8.654).

Prieto espera que estas plazas se distribuyan bien porque, para ella, «hay empleados con la soga al cuello y otros leen hasta varios periódicos al día. Los funcionarios ni sobran ni faltan, están desorganizados».