Movilidad

El gigante del VTC Auro denunciará a Cabify por su competencia desleal

Prepara una demanda colectiva, para la que busca el apoyo del taxi, tras detectar que Cabify opera en Madrid con licencias de otras comunidades

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En la imagen, un taxi de CabifyLa RazónLa Razón

El gigante de las VTC Auro plantará cara a la competencia desleal de Cabify en los tribunales. Uno de los líderes del sector con más de 2.000 licencias de vehículos con conductor en España está preparando una demanda colectiva contra la principal plataforma de gestión de estos servicios tras considerar que Cabify opera irregularmente en Madrid con licencias de otras comunidades autónomas, según ha adelantado El Confidencial.

El presidente de Auro, Félix Ruiz, explica a LA RAZÓN que la demanda va a estar dirigida contra Cabify y sus consejeros, entre los que se encuentran Rakuten, el Amazon japonés, y Seaya Ventures, fundado por Beatriz González, hija del expresidente del BBVA Francisco González. "Es un empresa participada por pesos pesados", apunta el presidente de Movea, Eduardo Martín. “Es importante que la gente sepa quién está detrás”, subraya Ruiz. “Es una aberración que dos fondos institucionales permitan esto. Son conscientes de lo que está pasando. Tenemos muchas pruebas que acreditan que hay vehículos de Cabify de otras comunidades operando en Madrid. Es la misma barbaridad que si un taxi con licencia en Bilbao se va a trabajar a Málaga. Aquí comprobarlo es muy sencillo. Basta con pasear por Madrid, coger las matrículas de los Cabify que pasan y buscarlas en el Ministerio de Transportes. Verán como muchas no son de Madrid”, explica.

Hasta 1.000 VTC que circulan en Madrid podrían no tener la licencia correspondiente, según estimaciones internas de la Comunidad de Madrid. "No nos imaginábamos que la situación sería tan disparatada en número", reconoce el presidente de Movea.Esta supuesta competencia desleal no sólo está perjudicando a otras VTC, sino también al taxi y a otras modalidades de transporte. Por este motivo, Auro está buscando alianzas con los competidores del sector, incluido el taxi. Félix Ruiz afirma que otras compañías de licencias VTC ya se han sumado a la demanda y están en conversaciones con competidores de Cabify. Además, la compañía se reunirá la semana que viene con Transportes de la Comunidad de Madrid para recabar más datos que complementen su demanda. Movea también adelanta que está estudiando acciones legales contra Cabify y advierte: "No seremos los únicos".

Además de incumplir la ley, aquellos conductores de Cabify que circulan de forma irregular en Madrid obtienen un fuerte incremento del beneficio, ya que una licencia de otras regiones cuesta menos de 10.000 euros, e incluso menos 5.000, y una licencia VTC de Madrid se cotiza en alrededor de 80.000 euros. Movea calcula que si un vehículo de Cabify ingresa 10.000 euros al mes (en dos turnos diarios), el perjuicio ocasionado a sus competidores (dinero que dejan de ingresar) asciende al año a 120 millones de euros. Teniendo en cuenta que Cabify cobra entre un 25% y un 28% de comisión, la plataforma se estaría embolsando 30 millones anuales mediante posibles prácticas ilícitas que alteran la oferta y el precio, ya que además de captar clientes que deberían viajar con otras empresas que sí circulan conforme a la ley, al tener que amortizar licencias más baratas, sus conductores pueden ofrecer precios más baratos.

La demanda colectiva, a cargo del despacho Garrigues, está en su fase inicial y se están estudiando las alternativas posibles para canalizar la demanda, ya que, además de una cuestión mercantil, creen que dicha operativa podría ir por la vía penal. Fuentes del sector sospechan que existen entramados empresariales próximos a Cabify que, cuando son multados por circular sin la licencia correspondiente, se disuelven y pasan las licencias VTC a otras compañías para evitar pagar las sanciones, lo que podía implicar un delito de alzamiento de bienes. En tema de competencia, Movea considera que a Cabify se le podrían atribuir tres delitos: competencia desleal, falsificación consciente de la competencia y alteración de la competencia, del precio de la oferta y de la demanda.

José Manuel Berzal, el presidente de Unauto, la patronal mayoritaria de VTC, adelanta que Unauto va a apoyar la iniciativa de Auro y "cualquier iniciativa que corresponda en derecho para delimitar responsabilidades de aquellos que incumplan con la normativa". Así, Berzal reitera el compromiso de la patronal "con seguir luchando contra el intrusismo en el sector" y exige "a todos los actores el cumplimiento de las normas que estén en vigor en todo momento".

Unauto recuerda que ha sido "la única patronal representativa del sector a nivel nacional y mayoritaria en la Comunidad de Madrid, que ha solicitado al Comité Nacional de Transporte por Carretera, como se recoge en una resolución reciente de dicho Comité, que para evitar el intrusismo sea el propio sistema del Registro Electrónico quien rechace automáticamente cualquier servicio que se registre y sea efectuado por tarjetas VTC no autorizadas a tal efecto, por incumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, la patronal ha instado "a que se aplique el régimen sancionador que corresponda con el máximo rigor y que además, en su caso, se instruya con urgencia al cuerpo de inspección a los efectos de que conozcan las diferentes situaciones de las tarjetas VTC que existen en la Comunidad de Madrid".

Bolt, competidora de Cabify, también se ha posicionado en contra de estas prácticas desleales y ha retirado que su empresa opera en Madrid con licencias locales, el mismo argumento que esgrime Uber, otro gran actor del sector, aunque no adelantan si se sumarán a la demanda de Auro.

Respecto a las acusaciones de Auro, fuentes de Cabify señalan que la compañía "en todo momento cumple con sus obligaciones legales y obliga contractualmente a sus colaboradores al cumplimiento de la normativa aplicable a su actividad". "La compañía española de multimovilidad procederá a abrir una investigación interna y, en caso de detectar irregularidades, tomará las medidas oportunas para impedir actividades contrarias a la normativa. Cabify ha colaborado siempre y seguirá colaborando con las administraciones públicas y autoridades competentes cuando sea preciso, estando a su completa disposición", añaden.