Consejo de Ministros
El Gobierno alarga hasta 2031 el control del déficit y seguirá aumentando el gasto un 3% anual otros siete años
La deuda se mantendrá por encima del 90% los próximos siete años, lejos del objetivo del 60%, que no se alcanzará ni en 2041. El Ejecutivo no explica cómo va a lograr la reducción de déficit y deuda
El Gobierno ya tiene plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo tras comprometerse con la Unión Europea a rebajar el déficit al 0,8% en 2031 y la deuda se situará aún en el 90% para el final del plan de ajuste, aunque ha fijado el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años. El Gobierno ha decidido extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano, según ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con esta trayectoria pretende garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública "haya una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo". El ministro ha insistido en que estos compromisos de ajuste son "compatibles" con la senda de estabilidad planteada por el Gobierno y ha confiado en lograr un acuerdo parlamentario respecto al reparto entre subsectores del déficit del 2,5% del PIB permitido para 2025.
Sin embargo, este ajuste fiscal a siete años afronta un incremento medio del gasto del 3,4% para los próximos tres años -el tiempo ajustado a lo que le queda al Gobierno de Pedro Sánchez si logra culminar la legislatura-, y hace recaer sobre el siguiente Ejecutivo que salgan de las próximas Elecciones Generales un margen de actuación mucho más corto, limitado al 2,7%.
En concreto, el elemento clave de las nuevas reglas es el gasto computable -que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos- y que quedará limitado a un aumento al 3,7% en 2025, el 3,5 % en 2026, el 3,2% en 2027, el 3% en 2028, el 3% en 2029, el 2,5% en 2030 y el 2,4% en 2031. Este aumento equivale a un incremento del gasto computable del 3,4% en el periodo 2025-2028 y del 3% en el periodo 2025-2031, es decir, que permitirá gastar cada año 6.000 millones adicionales al promedio 2014-2018.
Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantizaría -según el Gobierno- reducir el déficit público de manera "progresiva", desde el 3% del PIB previsto para este año al 2,5% en 2025, 2,1% en 2026, 1,8% en 2027, 1,6% en 2028, 1,5% en 2029, 1,2% en 2030 y 0,8% en 2031. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031. En cuanto a la deuda, se prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.
Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas. Por tanto, pese a comprometerse a alcanzar un déficit del 1,8% y una deuda pública del 98,4% a cuatro años vista, no da pistas sobre cómo pretende lograrlo sin reducir el gasto. Cuerpo se ha limitado a explicar que "este gasto es el que vamos a tener o del que tenemos una referencia hacia adelante y el que vamos a tener de manera transparente que ir cumpliendo año a año para estar en línea con las reglas fiscales".
Aunque el plan presentado tiene un horizonte de cuatro años, el periodo de ajuste se plantea a siete años "para que el ajuste sea más suave", ha explicado Cuerpo, una posibilidad permitida por la Comisión Europea siempre que vaya acompañado de un programa de reformas e inversiones. Por ello, el ministro ha asegurado que las reformas tienen "total prioridad", sobre todo en sectores como la vivienda, la inmigración o el clima de negocios, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones. Cuerpo no ha detallado cuáles serán estas reformas y se ha limitado a decir que la primera de ellas será la fiscal, "que tendrá lugar en el marco del quinto desembolso" de fondos europeos.
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