El Gobierno asume su debilidad: Montero dice que la reducción de jornada se aprobará a la "segunda o la tercera" y Cuerpo ya reconoce un pago parcial de fondos europeos

El Gobierno empieza a asumir su incapacidad operativa y los ministros económicos ya se excusan por si no pueden cumplir con los objetivos y las promesas realizadas, como la reducción de jornada o la pérdida de fondos europeos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero ya recoge velas y reconoce que ya se aprobará "a la segunda o, si no, a la tercera". Así lo admitido durante su intervención en la apertura del XIII Congreso de CCOO -del que se ha borrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en pleno incendio de corrupción en el PSOE-, en la que ha expresado su deseo de que se pueda sacar adelante esta medida en el Congreso. "Seguiremos peleando para ello".

Ayer, los grupos parlamentarios PP, Junts y Vox presentaron enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral por lo que, de prosperar alguna de ellas, supondría que la norma sería devuelta al Gobierno. Por ello, los sindicatos han insistido en la importancia de aprobar cuanto antes esta medida. Tras la intervención de Montero, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha respondido a la vicepresidenta en el mismo acto que la reducción tiene que ser "a la primera, aunque queda mucha tarea por delante".

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha avisado sobre el "declive" que está viviendo la democracia y ha puesto en valor el trabajo de las organizaciones sindicales en la defensa de la misma. Además, ha reconocido que queda pendiente la aprobación de la reducción de jornada y el Estatuto del Becario, sobre el que el que han hecho "el trabajo que tenía que hacer" en la mesa de negociación, pero contra el que hay un "lobby externo enorme" desde las universidades. Asimismo, ha indicado que la prevención de riesgos laborales y salud laboral es la "otra batalla" sobre la que hay que reforzar la acción sindical.

En el mismo contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asumido ya la posibilidad de un pago parcial del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia, que lleva asociados 23.900 millones -8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos- si el Gobierno no logra aprobar la subida fiscal al diésel, condición necesaria para cobrar este nuevo desembolso. El principal requisito de este quinto tramo ampliado es la reforma fiscal, que debe incluir la subida del impuesto sobre el diésel, una medida que carece de apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso, pero en el que Cuerpo considera que "se ha ido avanzando".

No obstante, ha reconocido en declaraciones a los medios en Luxemburgo, que si la evaluación de la Comisión llega en julio y aún no se ha aprobado la subida del impuesto a los hidrocarburos el Gobierno irá avanzando "en paralelo" los trabajos para satisfacer los hitos incumplidos, como ya ocurrió con el cuarto pago. Entonces, Bruselas decidió congelar a España 158 millones de los 10.000 que llevaba aparejados el cuarto pago del plan de recuperación tras detectar deficiencias en la aplicación de uno de los objetivos asociados, por lo que sólo se recibió un desembolso parcial.

Aunque no descarta que ese escenario pueda repetirse, Cuerpo mantiene el optimismo en las negociaciones con la Comisión Europea. "Estas conversaciones están avanzando bien, de manera productiva y esperaría que pudiéramos tener alguna noticia positiva antes de las vacaciones de verano durante el mes de julio".