El Gobierno esconde el aumento de la presión fiscal a las nucleares para desligarse del calendario de cierre

El futuro de las centrales nucleares está en el alero. El Gobierno dice dejar en manos de las energéticas su supervivencia mientras prepara su sustitución rebajando su rentabilidad. El Ejecutivo asegura no haber incrementado la presión fiscal sobre la energía nuclear. Sin embargo, las empresas propietarias de los reactores en funcionamiento sostienen que el coste regulatorio ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Una de las principales críticas se centra en la subida del 56% en la tasa que las compañías deben abonar a Enresa desde 2019 para financiar la gestión de residuos radiactivos.

Concretamente, se refiere a la carga tributaria conformada por el impuesto al combustible gastado, la ecotasa autonómica, y la prestación tributaria de desmantelamiento y almacenamiento de materiales (tasa Enresa).

Según fuentes del sector energético, esta evolución de los costes dificulta la viabilidad de la tecnología en el marco del calendario de cierre pactado en 2019, que prevé el apagado progresivo de los siete reactores nucleares entre 2027 y 2035. Las compañías argumentan que la subida de la tasa vulnera el marco previamente acordado y piden una revisión de la metodología utilizada por Enresa, así como una auditoría de la eficiencia en la gestión de estos fondos públicos.

La central de Almaraz técnicamente está en perfecto estado, como demuestra el reconocimiento WANO1 obtenido de la asociación mundial de todas las centrales nucleares del mundo, el de mayor categoría respecto a las operaciones.

La tasa de Enresa forma parte del coste fijo que las centrales deben afrontar con independencia del precio de la electricidad en el mercado. Desde el sector se insiste en que este tipo de costes condiciona la rentabilidad de la actividad y puede afectar a las decisiones de continuidad operativa.

A esta situación se suma la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), una infraestructura destinada a la gestión común de los residuos de alta actividad. Su cancelación ha obligado a mantener almacenamientos individuales en cada emplazamiento, lo que incrementa los costes operativos de las centrales.

El secretario de Estado de Energía, José Groizard, ha señalado en una entrevista en COPE que “no hay ninguna razón técnica por la que no se pueda cerrar una central nuclear”, en alusión al calendario pactado.

Groizard no se refirió directamente a la subida de la tasa de residuos ni a las acusaciones del sector sobre el aumento de la carga fiscal. Tampoco aclaró si se contempla una revisión del acuerdo de cierre escalonado alcanzado entre el Ejecutivo y las eléctricas.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene que la hoja de ruta sigue vigente, aunque algunas señales han llevado a las empresas a interpretar que podría producirse un adelanto en el calendario, lo que condicionaría sus decisiones de inversión y operación.

Impacto económico y fiscal del sector

Según datos del propio sector, la energía nuclear ha representado aproximadamente el 20% de la generación eléctrica en España en la última década. Las centrales nucleares no emiten CO₂ durante la producción, pero generan residuos radiactivos cuya gestión implica costes a largo plazo.

Los operadores insisten en que las decisiones regulatorias y fiscales impactan directamente en la continuidad de la actividad, que la generación, el servicio no se puede ofrecer a coste cero. Subrayan también que la rentabilidad de cualquier tecnología energética depende del marco impositivo y regulatorio, y no solo del precio de mercado. Finalmente, dejan en el tejado del Ejecutivo la responsabilidad ante un posible cierre de las nucleares.

Esta posición del Gobierno ha despertado resquemores en, por ejemplo, la zona de Almaraz, la próxima programada en cerrarse. Desde el mismo PSOE comarcal de Cáceres han propuesto extender su vida hasta 2040. Todo esto se concreta en la necesidad de dar viabilidad económica a la central revisando la política fiscal que discrimina a la nuclear respecto a otras fuentes de generación. Pese a ello, es necesario un marco fiscal previsible y estable que haga viables los proyectos empresariales, como en otros países de nuestro entorno.

Las fuentes consultadas coinciden en que “el cierre nuclear es un cierre ideológico, conseguido vía la asfixia tributaria de la tecnología, y que no se corresponde con la funcionalidad de las centrales, que aportan inercia síncrona contra el 'blackout', competitividad de la factura de la luz, según constata el informe elaborado por PWC sobre la competitividad de los previos energéticos, y seguridad de suministro. Y es que, sin gas importado de países conflictivos, el precio es estable y se reducen las emisiones de C02".