Luz verde a la subida salarial de los funcionarios pese a las denuncias de ilegalidad por parte de los altos funcionarios del Estado. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha confirmado en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros la subida salarial del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF -pero sin la confirmación de apoyo de CC OO- para el periodo 2025-2028, distribuido en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

Los incrementos de 2025 y 2026 se articulan en el decreto-ley aprobado, que entrará en vigor nada más publicarse en el BOE, pero que deberá convalidar el Congreso de los Diputados. La subida del 2,5 % correspondiente al presente ejercicio incluirá los atrasos desde el pasado 1 de enero, y se hará efectiva en una nómina adicional este mes y afectará a 540.000 empleados del Estado, Para el resto de las administraciones públicas se tendrá que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos de 2025 en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de Administración.

Según han concretado fuentes ministeriales, dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025, tal y como ha hecho el Gobierno para la Administración General del Estado (AGE). A modo de ejemplo apuntan que para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente. Para 2026 a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Pero este acuerdo tiene algunas sombras, como han denunciado los altos funcionarios del Estado. "La subida salarial de los funcionarios firmada por Función Pública es un fraude ley". Así lo ha denunciado Ana Ercoreca, la presidenta de Fedeca, la Federación que agrupa a los cuerpos superiores, que esta subida incumple la legalidad vigente "por fijar un horizonte que va más allá de la legislatura", además de advertir de que "al no tener en cuenta el IPC real se va a quedaren nada". En concreto, señala que el fraude de ley se produce porque "se han pactado subidas hasta el año 2028, cuando la legislatura tiene como tope 2027 y el Congreso tiene que amparar las revalorizaciones salariales".