Los datos no mienten. España arrastra un problema estructural de sostenibilidad fiscal que se ha consolidado a lo largo de casi dos décadas de déficits continuados. Esta dinámica ha situado la deuda pública por encima del 100% del PIB y convertido el pago de intereses en un «lastre permanente para la política presupuestaria. Un problema cuya magnitud no radica tanto en una caída de los ingresos como en un gasto público que crece a un ritmo superior a la capacidad de financiación de la economía». Así lo advierte el último informe sobre el Día de la Deuda del Instituto Juan de Mariana, que constata que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas cerró el pasado curso 2024 en el 3,16% del PIB, un monto equivalente a 50.187 millones de euros, mientras que la deuda pública ascendió al 101,8% del PIB.

El estudio muestra que, por distribución por niveles de gobierno, el principal foco de tal desequilibrio está en la Administración Central, con un déficit del 2,91% del PIB, frente al 0,54% registrado en la Seguridad Social. Sin embargo, como ya señaló el Instituto Juan de Mariana en su informe sobre el déficit contributivo del sistema de pensiones, el Estado transfirió cerca de 45.000 millones de euros a la Seguridad Social para financiar la insostenibilidad del sistema de pensiones, «lo que altera significativamente la lectura de las cuentas». De hecho, el país estaría en posición de superávit presupuestario si la Seguridad Social no presentase este agujero.

Por eso, los analistas del Instituto describen al sistema de pensiones como el gran «elefante dentro de una habitación». ¿Por qué? Porque en la práctica, «alrededor de uno de cada cuatro euros que paga la Seguridad Social se financian vía déficit y endeudamiento». La Seguridad Social absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales y la Comisión Europea proyecta que este porcentaje pueda llegar al 47% en 2050, «disparando la presión fiscal y desplazando la capacidad de dedicar el gasto a otras políticas».

No en vano, la Seguridad Social es el principal desequilibrio que presiona sobre las cuentas públicas, cuyo déficit contributivo ha obligado al Estado a transferir más de 400.000 millones de euros al sistema de pensiones a lo largo de las dos últimas décadas. «Estas aportaciones maquillan el déficit de la Seguridad Social, pero a costa de desplazar recursos de otras partidas de gasto y de elevar severamente la presión fiscal soportada por empresas y familias», explican desde el Juan de Mariana.

Fruto de este desequilibrio, el estudio señala que España ha sufrido el mayor salto en su deuda pública de entre todas las grandes economías de la UE, tras pasar en las dos últimas décadas de una deuda del 45,3% (2004) al 101,8% (2024). Como resultado de ello, «el margen fiscal del que goza España en caso de enfrentar una nueva crisis es escaso y nuestra posición de partida para afrontar los costes del acelerado y acusado envejecimiento de la población no puede ser más frágil».

La reducción de la ratio de deuda respecto al PIB tras la pandemia «puede dar la apariencia de una mejora, pero en realidad se explica casi exclusivamente por el fuerte crecimiento nominal del PIB. Los déficits primarios han seguido presentes y la factura de los intereses ha vuelto a crecer con fuerza». Esto significa, según el Instituto, que «la sostenibilidad de la deuda depende en exceso de factores externos, como el ciclo económico o las condiciones de los mercados, lo que deja a España en una posición muy vulnerable frente a cambios en el entorno».

El estudio recuerda que el «reloj de la deuda sintetiza este panorama con cifras difíciles de ignorar». Así, en 2025, los pasivos del Estado crecen a un ritmo de 164 millones de euros diarios, lo que equivale a 6,8 millones por hora, 114.000 euros por minuto o 1.900 euros por segundo. Estas cifras muestran con claridad que el tiempo juega en contra de la sostenibilidad fiscal del país. Por ello, «es evidente que España necesita reformas profundas que contengan el gasto estructural y devuelvan la credibilidad a la política presupuestaria». También creen desde el Instituto que habría que revisar el abultado número de entes públicos –casi 20.000 organismos– y los costosos programas de subvenciones –cerca de 41.500 millones de euros anuales–, «dos ámbitos en los que se puede volcar parte de ese trabajo de contención del gasto».

El gasto en intereses de la deuda ronda los 39.000 millones anuales –aproximadamente el 2,4% del PIB, cifra equivalente a todo lo recaudado por Impuesto de Sociedades en 2024–, «un lastre que resta espacio para bajar impuestos o dedicar más recursos a partidas de gasto». La deuda por habitante se ha triplicado en los últimos veinte años: crece de 9.163 € (2004) a 33.332 € (2024), superando ya la media de la UE; los ingresos han alcanzado niveles récord, pero el gasto sube a un ritmo aún mayor. Así, aunque en 2024 la recaudación alcanzó el 42,3% del PIB, el gasto ascendió al 45,4%.

Con estas premisas, España alcanza el «Día de la Deuda de 2025» el 9 de diciembre, de modo que los desembolsos desde hoy hasta final de año se cubren vía endeudamiento.