El Gobierno presume de fondos europeos en plena oleada de reproches de la UE

«Con los 22.128 millones autorizados en 2021 y los 25.143 de 2022 se habrá autorizado ya el 90% de los fondos que se presupuestaron entre los dos Presupuestos Generales del Estado, además de haber alcanzado el 75,3% de las obligaciones reconocidas». Con este máximo nivel de satisfacción, las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, presentaron ayer el III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación. Según las cifras oficiales presentadas, a los gobiernos autonómicos se han transferido 20.628 millones, pero el Ejecutivo solo tiene constancia de la ejecución de 4.343 millones, aunque eso solo significa que han podido ser asignados a los proyectos correspondientes, pero no que se hayan implementado o que se hayan repartido. Montero también presumió de que el ritmo de ejecución creció en más de un 13,6% y de que ya hay un 90% de créditos autorizados y el 81% comprometidos.

Sin embargo, organismos independientes –como Fedea o Funcas– e incluso el Banco de España cuestionan estas cifras, ya que si en estas primeras fases de ejecución se han activado un 25% de los fondos por cada semestre, el porcentaje que llega a la economía real, ya sea en transferencias entre administraciones o entes públicos –pero no que se hayan gestionado en convocatorias o licitaciones– apenas llega al 30%. Además, de ese porcentaje, una mínima parte –poco más del 10%– ha llegado al sector privado, ya que la mayor parte se queda en organismos y proyectos públicos. También critican la falta de información «ajustada y real» sobre la implementación de estos fondos, tanto por parte del Ejecutivo como de las administraciones territoriales.

El optimismo gubernamental tampoco impresiona a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, que encabezará la misión de eurodiputados que supervisará en unos días la ejecución del plan. Ayer lanzó varios dardos envenenados a la ministra Calviño, a la que acusó de «filtrar» información sobre las conclusiones que le había enviado –«la prensa los tenía antes de que los miembros de la Comisión y yo misma tuviéramos la oportunidad de tomar buena nota de su contenido»–,además de acusarla de quitarse la responsabilidad sobre la ejecución de los fondos y «pasarle toda a las regiones españolas». Hohlmeier, que ha mostrado su total desconfianza a las cifras aportadas por Calviño, la avisa de que analizará con profundidad «la ejecución del plan, incluidos los hitos y objetivos y en particular los sistemas de gestión, auditoría y control en marcha». También instó a la vicepresidenta económica a facilitar una reunión con la anterior directora general del plan, Rocío Frutos, cuyo encuentro «lamentablemente» no consta entre los previstos durante la visita, a pesar de los continuos requerimientos realizados.

La delegación que visita España –primer país que recibió un pago en 2021 y que ha ingresado ya 31.000 millones– del 20 al 22 de febrero estará formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y siete son españoles, uno del PP, dos del PSOE, dos de Cs, uno de En Comú Podem y uno de Vox.