Banca

El Gobierno prohibirá que los bancos cobren comisiones a los mayores de 65 años por retirar efectivo en ventanilla

Respecto al protocolo suscrito en 2022 para garantizar la inclusión financiera de los mayores, un 82% de las oficinas tienen el horario de atención al público ampliado

Una mujer saca dinero de un cajero
Una mujer saca dinero de un cajero Jesús G. FeriaLa Razón

Los mayores de 65 años no tendrán que volver a pagar comisiones por retirar efectivo en ventanilla. Esta es una de las principales medidas destinadas al colectivo sénior que ha anunciado la aún vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, tras reunirse este lunes con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc; con la Asociación de Usuarios Financieros; la Plataforma de Mayores; el Banco de España, y el mayor Carlos San Juan. "Vamos a adoptar un cambio legal para prohibir cobro de retiradas en efectivo a personas mayores. Que se elimine este elemento de intranquilidad", ha subrayado la titular de Economía.

Nadia Calviño ha reconocido que "buena parte de las entidades" han aplicado medidas voluntariamente, pero que aún quedan algunas que no lo han hecho. Respecto al protocolo suscrito en febrero de 2022 para garantizar la inclusión financiera de los mayores y personas con discapacidad, Calviño indicó que un 82,2% de oficinas tienen el horario de atención al público ampliado, ya hay un 94% de cajeros adaptados y 277.000 personas mayores recibieron formación financiera en el primer semestre.

La firma de este protocolo fue una de las grandes victorias que se anotó el colectivo de jubilados gracias al impulso de Carlos San Juan y su campaña ‘Soy mayor, no idiota’, que recaudó más de 600.000 firmas. “Si se comprueba que [las medidas] son insuficientes o mejorables, tendremos que ver juntos cómo extenderlas o mejorarlas”, dijo Calviño el año pasado tras firmar el acuerdo con las patronales bancarias. Entre las medidas estrella del protocolo destacaban: ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores desde las 9:00h hasta las 14:00h (hasta las 18:00h para usuarios sin oficina); ofrecer prioridad a este colectivo en caso de alta afluencia en las oficinas; formación específica al personal de la red comercial en las necesidades de este colectivo; facilitar una atención telefónica preferente; sencillez de uso en los cajeros automáticos, apps móviles y páginas web; reparación de los cajeros en un máximo de dos días laborables; mayor educación financiera y comunicaciones bancarias; y seguimiento del Observatorio de Inclusión Financiera.

Por parte de los mayores, el responsable de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Lázaro González, se congratuló de las nuevas medidas, en particular, que se vayan a prohibir las comisiones, y desde Asufin, su responsable, Patricia Suárez, lamentó que la banca española aún esté por debajo en la remuneración de los depósitos respecto a otros países europeos. Finalmente, Calviño también comunicó en la reunión el relanzamiento del proyecto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que tiene de plazo para hacer alegaciones hasta el 26 de diciembre. La vicepresidenta destacó la urgencia de que este proyecto esté en marcha y la secretaria general de Unacc, Cristina Freijanes, trasladó que el sector hará sus alegaciones.

Durante la reunión se analizaron también otros asuntos relacionados con la situación del sistema financiero y, en particular, las incidencias que se han producido en las últimas semanas en el sistema de pagos de Redsys. Se acordó poner en marcha distintas medidas para reforzar la seguridad y la confianza de los usuarios y evitar que se repitan episodios similares, según comunicó el departamento que dirige Calviño.

En la reunión, el Gobierno también ha abordado el seguimiento de los otros dos códigos de buenas prácticas que tiene firmados con la banca, el de los servicios rurales y el de la protección de los clientes hipotecarios vulnerables por la subida de los tipos de interés. Respecto a este último punto, el encuentro acabó con el compromiso del Ejecutivo de prorrogar las medidas de alivio hipotecario y aprobar la ampliación del umbral de beneficiarios a hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo con rentas dehasta 38.000 euros al año -estaba en 29.400 euros-.