El Gobierno rechaza la propuesta de Iberdrola y Endesa para mantener las nucleares: "Supone un coste mayor a los ciudadanos"

El Gobierno ha rechazado de plano la propuesta de las eléctricas -en concreto de dos de ellas, Endesa e Iberdrola, propietarias mayoritarias del parque de generación nuclear- para alargar la vida útil de las centrales, lo que frenaría el cierre del primer reactor (Almaraz 1) en octubre de 2027.

Las eléctricas han remitido una primera propuesta que, según indica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no cumple con ninguna de las tres "líneas rojas" fijadas por el departamento que dirige Sara Aagesen: que se garantice la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y que no suponga un mayor coste para los consumidores, por este orden.

La carta de Endesa e Iberdrola, que no rubrican Naturgy ni EDP, con participación minoritaria en el parque nuclear, supone una declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo, particularmente del fiscal.

En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica considera que la intención de las eléctricas se reduce a recortar la tributación que pagan las instalaciones y otras medidas económicas, remarcan las fuentes consultadas.

Las empresas propietarias acordaron en aquel momento con la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) un calendario de cierre escalonado de las centrales nucleares, que tiene a Almaraz como primera afectada en 2027.

La sobrecarga fiscal es el principal escollo que encuentran las eléctricas para mantener vivas estas centrales. Como indica un reciente informe de la consultora EY, España es el único país de la Unión Europea que impone una carga fiscal adicional que penaliza a estas cinco plantas, lo que compromete su competitividad y sostenibilidad económica.

Según este documento, los siete reactores en total que alimentan casi el 20% de la demanda eléctrica española, afrontan una carga fiscal específica de hasta 28,6 euros por megavatio hora, incluyendo impuestos estatales como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), catalogado como "medioambiental" por Hacienda, ecotasas autonómicas, y tasas por seguridad, vigilancia y supervisión.

Esta cifra contrasta fuertemente con países como Francia, Suecia o Finlandia, donde no existen tributos adicionales más allá de los necesarios para la gestión de residuos y el desmantelamiento.

En este sentido, en todos los países analizados en el documento de EY se aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad.

España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares que no tienen como fin específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas -que en algunas regiones superan los 6 euros por MWh-.

En total estas sobrecargas impositivas suponen 9,2 euros/MWh, lo que penaliza su competitividad económica.

El documento recuerda que las empresas propietarias de las centrales nucleares llevan pagando desde el año 2005 los costes de la gestión de residuos, combustible gastado y el desmantelamiento mediante la denominada Tasa Enresa.

Se ha acumulado ya un fondo de casi 8.000 millones de euros y los operadores complementarán dicho pago hasta el final de la vida útil, para cubrir los 4.064 millones de euros pendientes estimados por Enresa. EY subraya que, a diferencia de los otros países analizados, los operadores españoles no intervienen en el órgano de gestión de dicho fondo.

Según ha publicado hoy "Cinco Días", la propuesta propone extender a 2030 la vida útil de Almaraz, que debería cerrar entre finales de 2027 y 2028, lo que implicaría rebajar la Tasa Enresa un 18%, pues se dividiría por más megavatios producidos al alargarse tres años el funcionamiento de los dos reactores, propiedad de Iberdrola al 52,7%, Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).