Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 16.708 millones con la lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria recrudece su lucha contra el fraude fiscal y consigue embolsarse 16.708 millones de euros en 2023 (+0,2% anual) gracias a casi 1,9 millones de inspecciones de tributos internos, según los datos publicados este jueves por Hacienda. En concreto, el Fisco puso su foco sobre las grandes empresas, autónomos, pymes, contribuyentes con grandes patrimonios y propietarios de inmuebles en alquiler, sobre las que recayeron 44.776 actuaciones de control inspector, un 13,7% más que el año anterior.

La mayor parte de los recursos obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal correspondió a actuaciones de control (9.431 millones), mientras que 965 millones fueron por declaraciones fuera de plazo sin que hubiera requerimiento previo. A esto se suman 6.312 millones por minoraciones de devoluciones, un 18,5% más, debido al efecto extraordinario de las mayores minoraciones por devoluciones de pagos fraccionados (1.996 millones).

Dentro de las 44.776 grandes inspecciones, se realizaron 34.487 actuaciones sobre multinacionales, grupos societarios y empresas con facturación anual superior a seis millones de euros (+17,3%). A su vez, y también en el ámbito de la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales, la Agencia Tributaria regularizó el pasado año bases imponibles por un importe de 2.925 millones de euros en un total de 87 comprobaciones inspectoras. Asimismo, se realizaron 3.031 actuaciones de análisis patrimonial y societario (+2%), 5.812 relacionadas con abusos de formas societarias y ocultación de actividad (+3,9%) y 1.446 con ventas ocultas descubiertas en actividades económicas (+2,8%).

Para facilitar el control sobre los grandes patrimonios, la Administración Tributaria puso en marcha una herramienta informática que facilita la detección de falsos no residentes con grandes patrimonios. Se trata de contribuyentes que engañan a Hacienda negando vivir en España para evitar el pago de impuestos en nuestro país, aunque realmente sí son residentes. Con este mecanismo, la Agencia Tributaria ha conseguido identificar a 136 contribuyentes artificialmente localizados en otros países que tuvieron que pagar 27,7 millones de euros al regularizar su situación fiscal.

En cuanto a los arrendadores, en los últimos años se ha incrementado considerablemente la vigilancia sobre propietarios de inmuebles alquilados que ocultan los ingresos derivados de esta actividad. El sistema de avisos preventivos ha permitido la incorporación en los últimos ocho años de más de 1,29 millones de declaraciones que incluyen rendimientos de capital inmobiliario con una mayor recaudación asociada a estas campañas de 1.025 millones.

Los autónomos y las pymes tampoco escapan al control de Hacienda. La Agencia Tributaria llevó a cabo 2.317 actuaciones inspectoras destinadas a aflorar actividad económica oculta, lo que le permitió regularizar cuotas por un importe de 466 millones de euros, un 7,1% más que el año previo. Las inspecciones en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida se complementan con el plan de visitas. En 2023, la Agencia realizó más de 29.600 actuaciones presenciales ('peinados') destinadas al control 'in situ' en sectores y ámbitos de riesgo fiscal. Entre estas actuaciones se encuentran más de 8.100 del 'Plan de Visitas IVA' y casi 1.500 visitas complementarias de las macrooperaciones sectoriales.

Por otra parte, el control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información de cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea DAC2, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo Fatca con EEUU permitió liquidar 251 millones de euros (un 24,8% más) a 602 contribuyentes, de forma que desde 2017, año en el que comienza a recibirse esta información, el área de Inspección de la Agencia ya ha liquidado más de 1.200 millones a más de 3.300 contribuyentes. Además, se han dado de alta en plan de inspección 31 expedientes asociados a 33 contribuyentes con tarjetas "offshore", que tuvieron que pagar 35,7 millones de euros.

Pese a todas estas medidas, la mayor flexibilización incorporada en 2023 a la concesión de aplazamientos ha llevado a un crecimiento de la deuda pendiente de cobro, que se eleva un 4% hasta los 42.000 millones desde su mínimo en 13 años.