Hacienda fracasa en su afán de recaudar 8.000 millones extra

A golpe de récord recaudatorio, Hacienda mantiene un nivel de ingresos que supera año a año la última marca histórica, aunque a veces sus cálculos no terminan como espera. Es el caso del último paquete fiscal aprobado a finales del pasado año, que solo ha aportado a las arcas públicas 723 millones de euros adicionales en el primer semestre, procedentes principalmente del nuevo impuesto a la banca y del aumento de la tributación del tabaco, a falta de que se contabilice el grueso de las medidas, que no han empezado a reflejarse en la recaudación, ya sea porque no se han liquidado aún o porque afectan a conceptos que no aparecen desglosados en los informes mensuales.

El Gobierno aspiraba a elevar los ingresos públicos en unos 8.000 millones de euros, pero algunas de las medidas aprobadas no han recaudado lo esperado y otras muchas siguen pendientes de aprobación. Los expertos ven imposible alcanzar esta cifra con lo ingresado a estas alturas.

En su primer pago fraccionado, efectuado en junio, el nuevo impuesto sobre los márgenes bancarios, que sustituía al gravamen temporal, ha ingresado 566 millones. Además, se subieron los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco, lo que ha permitido recaudar 152 millones adicionales en el primer semestre y se creó un nuevo impuesto especial que grava el líquido de los cigarrillos electrónicos, con el que se han ingresado cinco millones.

El origen del paquete fiscal fue la creación de un impuesto complementario para las multinacionales, una norma que transpone una directiva europea y que pretende garantizar que estas compañías paguen un tipo efectivo de, al menos, el 15%. Este nuevo impuesto ya cuenta con un reglamento en vigor y sus modelos de pago, pero siguen pendientes de aprobación. En cambio, hay otras medidas que sí se están aplicando, aunque no hay datos desglosados de su impacto, como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros.

Más complejo resultará cuantificar el impacto de las modificaciones introducidas en el impuesto de Sociedades para neutralizar el impacto de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas sobre este impuesto. Las medidas implementadas afectan a cuestiones como la limitación en la compensación de las bases imponibles y deducciones por doble imposición, pero no son idénticas a las que fueron anuladas por el Constitucional, que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubieran supuesto una pérdida de recaudación de 5.000 millones.