Hacienda fracasa y recauda menos de la mitad de lo previsto con el impuesto a los ricos

Pinchazo de María Jesús Montero con su "impuesto a los ricos". El temor a que se produjera una baja recaudación se ha cumplido y el nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que pretendía recaudar 1.500 millones de euros al año, se ha tenido que conformar con ingresar menos de la mitad, 623 millones, apenas un 40% de lo previsto. Así lo ha confirmado oficialmente el Ministerio de Hacienda, que ha constatado que han sido 12.010 contribuyentes -el 0,1% del total-, los grandes patrimonios afectados por este tributo, que han abonado una cuota media de 52.000 euros.

Pero el Ministerio no asume que este enorme desfase entre lo previsto y lo finalmente ingresado haya sido un error de cálculo y ha preferido ver el vaso medio lleno tras destacar que sumando los ingresos obtenidos por el impuesto de solidaridad y el Impuesto de Patrimonio, la cifra de recaudación total alcanzará los 1.868 millones de euros este año. "Estas cifras son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio", han defendido fuentes ministeriales.

Sin embargo, una de las principales razones de esta baja recaudación es consecuencia con la deficiente redacción normativa del impuesto, que llevaba aparejados varios errores fiscales de bulto, que ha permitido que los patrimonios afectados se hayan beneficiado de ello. El más importante de ellos, que los contribuyentes residentes en comunidades con el impuesto de Patrimonio bonificado -ya sea total o parcialmente- podían tener en cuenta la cuota que deberían pagar, aunque no la abonen, para hacer el cálculo del escudo fiscal y poder minorarse hasta un 80% el pago de la tasa si la suma de los impuestos pagados superaba en un 60% de la renta del contribuyente. El fallo tributario está en que los que residan en comunidades con bonificación se lo contarán igual para hacer el cálculo aunque no lo paguen, por tanto podrán minorarse la cuantía total.

Además, Hacienda no ha podido impedir -o ha permitido- que el Gobierno de Cataluña decidiera elevar el tipo impositivo de Patrimonio para lograr que la recaudación se quedaran en las arcas autonómicas y evitar que la diferencia entre Patrimonio y Grandes Fortunas se fuera a las del Estado. Por ello, en Cataluña solo han pagado el impuesto estatal 322 contribuyentes, con una irrisoria recaudación es de dos millones de euros, que han evitado sufrir la doble imposición al tener que tributar solo por la parte de su patrimonio que no había sido ya gravado por su comunidad en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por esta razón, Madrid, Andalucía y Galicia copan el ranking de las regiones en las que más se ha recaudado y la mayoría de las grandes fortunas catalanas han quedado al margen.

Así, la gran perjudicada por este impuesto ha sido la Comunidad de Madrid. De los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios madrileños (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros, lo que significa casi el 90% de todo lo recaudado. En segundo lugar se sitúa Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones; y cierra el podio Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones. Entre las tres suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación. La Rioja y Canarias, ambos con tres, y Extremadura, con cuatro, son las regiones en la que se registran menos contribuyentes a este impuesto. Los no residentes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han aportado 26,2 millones de euros tras declarar este impuesto 342 grandes patrimonios.

El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas para los ejercicios 2023 y 2024 afecta a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, que deben tributar la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio. En el tributo se aplica una deducción de la cuota satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio, descontando del pago de este nuevo impuesto lo abonado por el de Patrimonio. Con él, el Ministerio ha logrado uno de sus principales objetivos, que la recaudación se obtuviera principalmente de los grandes patrimonios de las comunidades que gobierna el Partido Popular, en las que tienen bonificado total o parcialmente el de Patrimonio, como es el caso de Madrid o Andalucía.

Por esta causa, la Comunidad de Madrid ha presentado nuevas acciones judiciales contra el impuesto -que ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional- al considerar que "invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, lesiona, además, de forma muy grave, la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional"". Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Miguel Ángel García, que ha denunciado que se vulnera la Carta Magna en seis aspectos. "Se ha creado un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando ese principio de lealtad constitucional". También cree que "se rompe la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región", así como se viola el "principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles". Asimismo, se ha vulnerado el procedimiento de tramitación, "que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con ninguna memoria económica ni dictamen de ningún tipo" así como se ha lesionado la "seguridad jurídica", ya que se ha aprobado un impuesto "con efectos retroactivos".

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el tributo a los ricos en su cuenta de Twitter. "Por hacer daño a Madrid con las prisas habituales, la redacción fue deficiente. Resultado: el perjuicio tan grande a la credibilidad de España, que espanta a los inversores, a cambio de una recaudación tan baja", ha publicado. A su crítica se ha sumado el economista Daniel Lacalle, que ha contestado a su tuit con otro mensaje en la misma línea: "Fiscalidad confiscatoria con el único objetivo de perjudicar a la Comunidad de Madrid".