Hacienda pone coto a las administraciones morosas

El Gobierno está decidido a dinamizar la economía por todas las vías posibles. La última, que anunció ayer el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, será descontar a municipios y comunidades autónomas morosas las deudas que les reclamen sus proveedores «en los próximos meses». «Vamos a crear un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se podrá dirigir a Hacienda de forma directa para que este departamento sea el que arbitre la forma de pago a ese proveedor. El Ministerio, que es el que gestiona la participación en los ingresos del Estado de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, será el encargado, en su caso, de detraer los recursos a la administración morosa», explicó ayer Montoro en Sevilla.

El ministro remarcó que no es difícil poner en marcha mecanismos que detraigan la deuda de las distintas administraciones de las partidas que el Estado les asigna, tras la experiencia que supuso el plan de pago a proveedores y porque buena parte de los ingresos de las comunidades y los ayuntamientos depende del Gobierno central.

Montoro ha señalado que este instrumento estará listo en pocos meses, e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores. En este sentido, garantizó el «estricto» cumplimiento de la Ley de Morosidad en todas las administra-ciones,«desde la General del Estado, a las comunidades autónomas y los municipios, con independencia de su tamaño». «Ninguna administración se va financiar a costa de no pagar a proveedores, ni siquiera temporalmente, a un año, como se hace ahora en algunos casos», añadió.

Medida añadida

Esta nueva reforma suma a otros instrumentos que ya están en marcha, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es «una continuidad del pago a proveedores» y que pretende también facilitar liquidez a las regiones.

«En España no se debe escuchar una voz que diga "a mí me debe un ayuntamiento o una comunidad autónoma"», indicó el responsable de Hacienda, que sostuvo que esa situación hace un daño «incalculable» a la imagen de España.

«Las administraciones españolas no pueden vivir situaciones de morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los autónomos que son los proveedores de las administraciones, al interrumpir la circulación económica en España», subrayó.

El ministro recordó los buenos resultados del plan de pago a proveedores, por el que se gestionaron el pasado año 5,5 millones de facturas atrasadas, anteriores a 2012. La gestión de este macroplan, en el que estaban también implicadas las entidades financieras, probó que España cuenta con una administración públicas «muy eficiente». En el mismo sentido, con el objetivo de que el flujo de dinero vuelva a reactivarse, Montoro destacó la eficiencia del FLA, que tendrá una segunda edición este año y que permitió a las comunidades autónomas «hacer frente tanto a los vencimientos de deuda como al pago de sus deudas con los proveedores» para no interrumpir el circuito económico».

En presencia de representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Montoro aseguró que la política económica debe orientarse hacia las más de 800.000 pymes y autónomos, que han creado millones de empleos desde la entrada de España en el euro. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó la medida como «la más importante que se ha impulsado en favor de los autónomos en la última década» en España. No obstante, señaló que «no se puede bajar la guardia» porque uno de cada cinco autónomos que cierra es por culpa de la morosidad pública, por lo que exigió que se cumplan los plazos de pago recogidos en la ley de morosidad, es decir, en treinta días».