Hacienda quiere blindar al alza el impuesto de sucesiones

La ministra Montero apuesta por una «armonización» al alza del Impuesto sobre Sucesiones para acabar con la «guerra» fiscal entre las comunidades.

El sistema fiscal en España es un puzzle en el que conviven 17 modelos completamente distintos, uno por cada una de las comunidades autónomas. En esa amalgama tributaria, las diferencias a la hora de pagar impuestos son tan dispares como lo podrían ser entre Finlandia y Rumanía. El mismo contribuyente puede pasar de abonar cientos de miles de euros en unas zonas de España a no pagar nada a unos pocos kilómetros. Aunque en el IRPF también hay comunidades con una mayor presión fiscal que otras, las distinciones apenas suponen unos pocos cientos de euros anuales para un contribuyente medio. Nada que ver con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como con el de Patrimonio, que destacan especialmente por las abultadas diferencias entre regiones.

Evitar «desajustes»

Esto ha provocado una «guerra fiscal» entre autonomías, donde la Comunidad de Madrid suele aparecer como el enemigo público número uno, señalada por su escasa presión fiscal. Para luchar contra este batiburrillo y evitar «desajustes», la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió hace unos días blindar este impuesto con una «armonización» al alza, de manera que las regiones con mayores recursos no «arrastren» a las autonomías menos favorecidas.

En esta batalla, Andalucía ha llegado a pedir incluso que lo que recaudan todas las comunidades por los impuestos cedidos vaya a una bolsa común y se reparta en función de la población. Petición que llega a pesar de que Andalucía ha pasado este año de ser la región con un tributo de Sucesiones más alto a bonificarlo al 100% para los casos más comunes, a cambio del apoyo de Ciudadanos a los presupuestos regionales.

De esta forma, una persona soltera, de 30 años, que herede bienes de su padre por valor de 800.000 euros (200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido), pagaría más de 155.000 euros por el Impuesto sobre Sucesiones en una parte de España y cero euros en otra, según un informe del Consejo General de Economistas. Con una herencia de este tipo, el tributo ascendería a 155.394 euros en Aragón, aunque allí Ciudadanos también forzó una ampliación de las exenciones en las herencias desde el 1 de noviembre. Por el contrario, en Andalucía no se pagaría nada. La comparación con 2017 es llamativa, ya que hace un año los andaluces pagaban por la misma herencia 164.049 euros. Otras dos regiones también han reducido radicalmente la presión fiscal de este impuesto: Extremadura ha pasado de ser la segunda con un gravamen más alto (158.796 euros) a tener el cuarto más bajo, con apenas 1.588 euros; en Murcia ha pasado de 65.620 euros a 1.640 euros, el quinto más bajo.

El segundo puesto del podio es para Asturias (103.135 euros), seguida de Castilla y León (81.019). A partir de ahí hay seis regiones con una presión media-alta: Comunidad Valenciana (63.194); Castilla-La Mancha (31.759), Galicia (15.040); Cantabria (14.796), Cataluña (9.797) e Islas Baleares (5.950). Por debajo de ese nivel hay seis autonomías de la caja común (Navarra y País Vasco quedan fuera de la estadística) que lo bonifican por encima del 95%: La Rioja (3.176); Murcia (1.640); Extremadura (1.588); Madrid (1.586); Islas Canarias (134) y Andalucía (0).

Para evitar tener que hacer frente a este tributo, muchas personas piensan en «adelantar» la herencia y transmitir el patrimonio en vida. Sin embargo, se trata de un error ya que en toda España el Impuesto sobre Donaciones es más elevado que el equivalente en Sucesiones. Un hijo de 30 años que reciba en vida de su padre 800.000 euros, tendría que hacer frente al pago de 208.159 euros en Andalucía, donde no se paga nada por una herencia similar, pero que sería para este caso la comunidad con el tipo de donaciones más alto.

En Castilla y León y Extremadura la cuota del impuesto sería de 200.123 euros. Entre 200.000 y 100.000 euros se situarían Cantabria (185.500); Aragón (177.706); Asturias (176.700) y la Comunidad Valenciana (171.012). En Baleares, Cataluña y Galicia el tributo ascendería a 56.000 euros, mientras que en Castilla-La Mancha se pagarían 30.018 euros. Tan sólo cuatro regiones lo bonifican de manera sustancial: la Rioja (4.002); Murcia (2.082), Madrid (2.000) e Islas Canarias (200). En comparación con 2017, dos autonomías han bonificado donaciones de forma importante: La Rioja, que lo ha rebajado en 196.120 euros, y Murcia, que lo ha bajado 81.182 euros.