Hacienda remite por escrito a las autonomías la lista de ajustes que les faltan

El Gobierno está dando una nueva vuelta de tuerca a la presión que lleva meses ejerciendo sobre las comunidades autónomas (CC AA) para que cumplan el objetivo de déficit comprometido para este año (el 1,5 por ciento). Ha habido requerimientos individualizados y tensos tiras y aflojas en la negociación que fuera de los focos el Ministerio de Hacienda mantiene con todas las autonomías.

A días de que se cierre el ejercicio, aunque para la contabilidad oficial haya que esperar hasta principios del próximo año, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro empiezan a reconocer que no todas las comunidades han hecho lo que tenían que hacer para ajustarse estrictamente a sus obligaciones con el déficit. Lo dicen en privado, y con todas las cautelas, porque no quieren alimentar polémicas en la arena pública en estos últimos días de negociación.

El Gobierno prefiere apurar hasta el último momento para intentar resolver sin cámaras ni micrófonos delante, «y de la mejor manera posible», el cierre del ejercicio: no sólo por el interés de las comunidades, que pueden quedar señaladas por incumplidoras, «sino también por el interés del conjunto», precisan. Hacienda ha empezado a remitirles cartas en las que por escrito les advierte, una a una, de los agujeros que la Intervención General del Estado detecta en sus ajustes y de cómo deberían subsanarlos. En las misivas también incluye duras advertencias sobre las consecuencias de esos incumplimientos.

Oficiosamente el Ejecutivo señala a Cataluña y también a Andalucía como dos de las regiones con todas las «papeletas» para salirse del límite establecido. Pero también hay «ovejas negras» dentro de las comunidades con gobierno del PP, aunque en medios gubernamentales cuesta mucho más señalarlas. Hablan de Valencia..., y de otras socialistas y populares. Pero oficialmente nadie del Gobierno valida todavía la lista de CC AA que superan el 1,5 por ciento de déficit. «Los datos no están aún cerrados», sostienen.

En julio, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Hacienda amonestó a ocho comunidades por desviarse de los planes de déficit a mitad del ejercicio. La filtración de ese listado de incumplidoras ocasionó serios quebraderos de cabeza a Hacienda y al Gobierno por la rebelión y las quejas de algunos de los «barones» del PP a los que se les había sacado tarjeta amarilla. Llamaron a Hacienda y a otras puertas del Gobierno para evidenciar su enfado porque no hubieran guardado en privado sus nombres, con los perjuicios –alegaron como instrumento de presión– que ello les causaba en los mercados. Ahora ya eso da bastante más igual porque el grueso de las comunidades está fuera de los mercados y se financia a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero aún así el Gobierno se anda con pies de plomo en la negociación para no dar excusas para que algunos presidentes autonómicos, sobre todos de los suyos, le monten nuevos líos.

De hecho, en la recepción en el Senado con motivo del Día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre, el ministro Montoro confirmó informalmente a un grupo de periodistas que a la semana siguiente se harían públicos en la página web de Hacienda los planes de ejecución presupuestaria de todas las comunidades, como así obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hasta hoy ese anuncio no se ha concretado. El Ministerio da una explicación técnica: que los planes no están actualizados a día de hoy –aunque Hacienda trabaje continuamente sobre esos datos– y que, por tanto, señalarían bastantes incumplimientos presupuestarios, algunos de ellos ya subsanados.

En cualquier caso, las comunidades sí tienen constancia oficial por parte del Gobierno de que si cuando se cierre formalmente el ejercicio alguna supera notablemente el déficit comprometido, entonces tendrá dificultades con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Las autonomías los están utilizando para hacer frente a sus vencimientos de deuda, pagar a proveedores y hasta nóminas de sus funcionarios. El Gobierno condiciona ese FLA al déficit, al menos así lo ha comunicado ya en el plano teórico. Será para febrero-marzo cuando Hacienda cierre las cifras oficiales y tenga que tomar decisiones, por ejemplo en el caso de Cataluña, que ya ha dicho que no cumple; que ha dado a entender que no tiene mucha intención de seguir esforzándose en ajustarse estrictamente a lo que diga Madrid; y que incluso también ha insinuado que no piensa devolver el dinero de lo que se le ha prestado hasta ahora. La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé la multa (hasta llegar a la intervención) como mecanismo de respuesta a la desobediencia presupuestaria de una comunidad. Pero difícilmente pueden pagar multas quienes prácticamente rozan la quiebra, por lo que la única alternativa sería paralizar transferencias o hacer descuentos en las mismas. Éste es un escenario que el Gobierno quiere evitar a toda costa y que sólo prevé para una situación excepcional, que espera que no tenga que gestionar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hará balance este viernes de la situación presupuestaria de las comunidades, y de todas las demás decisiones que han marcado su primer año de legislatura. Como ya ha hecho en ocasiones anteriores, el presidente elogiará los esfuerzos en la contención del gasto que están haciendo otras administraciones públicas y también pondrá precisamente en valor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dentro del paquete de reformas aprobado por su Gobierno. Ayer se confirmó en la reunión de subsecretarios que otras se quedan pendientes para 2013, como la de unidad de mercado o la de Justicia gratuita.