El "impuesto silencioso" que van a tener que pagar todos los conductores en España en 2026

Desde hace años, la Dirección General de Tráfico planifica la retirada definitiva de los triángulos de emergencia, un elemento que ha acompañado a los conductores durante décadas y que llegarán a su fin el próximo 31 de diciembre. Lo que parecía una simple actualización tecnológica se ha convertido, sin embargo, en una cuestión con implicaciones económicas y una sensación creciente de que el bolsillo del ciudadano vuelve a ser protagonista.

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza luminosa V16 conectada será obligatoria en todos los vehículos que circulen por España, lo que implica que 25 millones de conductores tendrán que adquirirla si aún no lo han hecho.

El objetivo oficial de la medida, recogida en el Reglamento General de Vehículos y avalada por la DGT, es reducir los atropellos en carretera al evitar que los conductores caminen por el arcén para colocar los triángulos. Esta causa está detrás de varios accidentes mortales, y organismos como Euro NCAP o el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte han defendido sistemas de señalización más visibles y rápidos de activar. Pero el despliegue masivo de la V16 tiene otra derivada: su coste.

Una compra obligatoria con precio marcado

La luz V16 conectada, es decir, dotada de geolocalización y capaz de comunicar automáticamente la ubicación del vehículo averiado a la nube de la DGT, se venderá en el mercado español en torno a 40 euros, según los precios actuales de los modelos homologados. No llevarla supondrá multas que oscilan entre 80 y 200 euros, equiparables a otras sanciones por falta de elementos obligatorios.

La obligatoriedad convierte este producto en un bien universal: todos los vehículos deberán llevarlo, del mismo modo que los chalecos o el equipamiento básico. Y esto ha llevado a que muchos conductores perciban la medida como un “impuesto silencioso”: una obligación que, aunque no se cobre directamente desde la Administración, implica un desembolso inevitable para millones de ciudadanos.

La polémica ha aumentado al conocerse que la Administración ha adquirido unidades para los cuerpos policiales a un precio muy inferior al del mercado minorista. Mientras el consumidor paga unos 40 euros, el Gobierno ha abonado 21,10 euros por unidad en un lote de 11.800 balizas destinadas a la Policía Nacional.

A esto se suma que nueve de cada diez modelos disponibles en España se fabrican en China, según el registro de balizas homologadas de la DGT. Y aunque las licitaciones públicas cumplen criterios de homologación, algunos contratos no especifican con detalle el modelo adquirido, lo que ha despertado preguntas sobre la calidad de ciertos dispositivos.

Investigaciones mediáticas han identificado que algunas balizas vendidas en España provienen de fabricantes chinos presentes en plataformas mayoristas como AliExpress, donde pueden encontrarse por menos de cinco euros, lo que provoca una diferencia abismal respecto al precio final que paga el consumidor.

Si se tiene en cuenta que el parque automovilístico español supera los 30 millones de vehículos, incluso una tasa de cumplimiento del 90 % implicaría una venta masiva de dispositivos. Con un precio medio de 40 euros, el IVA del 21 % recaería directamente en la Hacienda pública.

Esto supondría más de 300 millones de euros en concepto de IVA, sin contar la actividad derivada de ventas adicionales, reposiciones o futuras actualizaciones tecnológicas. Un ingreso que ha alimentado la narrativa del "impuesto silencioso" y que ha llevado a algunos colectivos de consumidores, como la OCU, a pedir mayor transparencia en los procesos de homologación, importación y establecimiento de precios.

Aunque la razón de fondo es mejorar la seguridad, la implantación plantea varias dudas. La primera: la obsolescencia tecnológica. La normativa exige que cada V16 lleve un módulo de comunicación integrado cuya conectividad debe mantenerse durante años, lo que ha llevado a algunos fabricantes a incluir servicios de datos limitados en el tiempo. La segunda: la calidad real de las balizas importadas. Están homologadas, sí, pero la durabilidad, la resistencia a altas temperaturas o la fiabilidad del envío de datos varían entre modelos. La tercera: la competencia del mercado. Si los consumidores recurren a modelos muy baratos y poco fiables, la finalidad de la norma podría diluirse.

La sustitución de los triángulos por la luz V16 conectada parece irreversible y, según la DGT, beneficiará a la seguridad vial. Pero, en la práctica, la transición abre un debate económico y político: ¿es una medida necesaria que moderniza el sistema o una carga para todos los conductores? Lo único seguro es que, a partir de 2026, nadie podrá circular sin este dispositivo… y que todos, quieran o no, tendrán que pagarlo.