El Ingreso Mínimo Vital sólo llega a una de cada cinco personas pobres

El fracaso de la gestión de José Luis Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social también tiene su reflejo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a llevar desde junio de 2020 en funcionamiento, el IMV sigue sin llegar a la totalidad de los beneficiarios inicialmente previstos, se le deniega a tres de cuatro solicitantes y solo el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado de la prestación. Así lo denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Hasta marzo de 2023, el IMV ha llegado a 611.029 hogares en los que viven 1.752.467 personas. Estas cifras no cumplen el reto que se marcó el Gobierno el pasado mayo de 2020: llegar a 850.000 hogares en los que vivan 2,3 millones de personas. Esto supone que casi tres años después de su aprobación, el IMV sólo da cobertura al 76% de las familias con bajos ingresos a las que el Ejecutivo prometió proteger, por lo que todavía quedan casi 550.000 personas por recibir esta prestación. Por otra parte, la cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 171 euros y de 491 euros por hogar.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula, además, que sólo el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, la protección no es homogénea en el territorio español. Hay comunidades que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza como Baleares (11,4%), Canarias (12,3%) o Cataluña (14,5%), mientras que Ceuta y Melilla (43,2% y 40,3% respectivamente), La Rioja (32,7%) y Aragón (28,3%) se sitúan en cabeza.

V

A mediados de octubre de 2021, y tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron a conocer una serie de modificaciones normativas que se incluyeron en el proyecto de ley del IMV aprobado en el Congreso con el objetivo de alcanzar los 1,6 millones de perceptores del IMV en 2022. Entre las mejoras se aprobó un complemento para menores de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

En el último año ha aumentado un 70% el número de beneficiarios del IMV (700.000 personas más), multiplicando por tres la cobertura del sistema de rentas mínimas de las comunidades. En 2022 se alcanzó una inversión del Ingreso Mínimo Vital de 2.512,82 millones de euros, superando por primera vez la inversión en rentas mínimas que en 2020 hicieron las autonomías (1.970,18 millones). De esta manera, las modificaciones que entraron en vigor en enero de 2022 han dado sus frutos, pero no son suficientes para que esta prestación alcance los objetivos previstos cuando se aprobó.

Los gerentes alertan de que se siguen denegando tres de cada cuatro solicitudes, lo que achacan al sistema de gestión implantado, a través de la web y "sin apoyo de ningún personal" que conozca los requisitos y el proceso, y a la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social, que atraviesa un colapso desde hace varios meses.

"Como siempre, el abuso del papeleo, en la era de la digitalización, la desconfianza innata de la Administración hacia el pobre, que se expresa en el reglamento y los procedimientos del IMV, han ido muy por detrás y a veces en contra de las necesidades de las personas. El sufrimiento que ha provocado la decepción del IMV probablemente sea irreversible y el daño producido a la cohesión social, también", denuncia José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

"Tampoco podemos dejar de señalar el hecho de que algunas comunidades autónomas han aprovechado la implantación del IMV para aniquilar o para reducir a su mínima expresión las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas y hagan caja con los 1.722 millones de euros que invertían en sus propios sistemas relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales, dejando fuera de las prestaciones a colectivos que hasta ahora venían amparados por estos sistemas de rentas autonómicos", añade Ramírez.

La Asociación reclama al Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social que "articule las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley" y que harían que el Ingreso Mínimo Vital sacase de la pobreza a más personas. De hecho, los gerentes recriminan al Ministerio que el año pasado no fuese capaz de ejecutar el total del presupuesto del IMV y devolviese a las arcas del Estado 453 millones de euros, unas cantidades que habrían servido para sacar de la pobreza a 250.000 personas.

Por todo ello, piden "un impulso aún mayor" para incorporar en la gestión a los servicios sociales de atención primaria y solucionar el "laberinto burocrático" que ha hecho que, "en la mayor crisis social de la historia" el IMV se haya implantado a un ritmo mucho más lento de lo previsto. Asimismo, con el objeto de eliminar las trabas que están dejando fuera a miles de potenciales beneficiarios, José Manuel Ramírez Navarro pide que se acometan los siguientes cambios: que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos en el momento de solicitud y no sobre los de un año antes; que se excluyan del cálculo las prestaciones económicas del sistema de atención a la dependencia y las pensiones por alimentos de los menores; y que se elimine la exigencia del padrón histórico colectivo.

La Asociación subraya que mientras el Gobierno sigue sin cumplir con su objetivo de llegar a 850.000 hogares, las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital.