La izquierda, al servicio del lobby

Nuestros gobernantes apelan incesantemente al interés general, como si cada regulación fuera un acto de filantropía institucional. Pero demasiadas veces esa invocación sirve para encubrir decisiones que benefician a minorías bien organizadas a costa de la mayoría. La política, en lugar de contener privilegios, termina fabricándolos. Un ejemplo muy claro es la propuesta de ERC de elevar el IVA de los pisos turísticos hasta el 21%, mientras los hoteles conservan su IVA reducido del 10%. ¿A qué puede deberse esta descarada asimetría fiscal salvo a un interés encubierto por beneficiar a los hoteles? La sospecha es tanto más legítima cuando ERC mantiene vínculos evidentes con el sector hotelero. Su expresidente, Pere Aragonès, es desde septiembre director general corporativo del grupo familiar Golden Hotels. Y no olvidemos que el propio Aragonès, todavía como presidente de la Generalitat, aprobó en 2023 el decreto que permitirá expropiar licencias de pisos turísticos y que Barcelona ya ha decidido emplear para extinguir las 10.000 licencias existentes antes de 2028.

Esta última medida será inútil para facilitar el acceso a la vivienda: esos 10.000 pisos equivalen a solo el 1% del parque de vivienda de Barcelona, por lo que su incidencia sobre el mercado residencial es prácticamente nula. Pero, por el contrario, representan casi el 40% de todas las plazas de alojamiento turístico de la ciudad. Su desaparición no abaratará el alquiler —que desde 2015 se ha disparado un 72%, pese a que las licencias llevan congeladas desde ese mismo año—, pero sí eliminará de un plumazo a casi la mitad de la competencia de los hoteles.

Lo ocurrido en Nueva York refuerza el diagnóstico. Según un reciente artículo publicado en el European Journal of Political Economy, los políticos locales prohibieron los apartamentos turísticostras recibir generosas donaciones del lobby hotelero. ¿Resultados? Los alquileres no bajaron, pero los precios hoteleros subieron un 6%, generando 500 millones de dólares adicionales para la industria.

Por eso resultan tan significativas las declaraciones del comisario europeo de Vivienda (socialista, no ultraliberal), Dan Jorgensen: prohibir los alquileres de corta duración sería "desproporcionado", restringiría la movilidad, dañaría el turismo asequible y privaría a miles de familias de ingresos imprescindibles para seguir pagando su vivienda.

Pero mientras Europa pide mesura, en España el lobby hotelero se envalentona. El Gremi d’Hotels incluso ha llegado al extremo de presionar a grandes bufetes para que no representen a los propietarios de pisos turísticos. No se trata solo de influir en el BOE: ahora se intenta condicionar quién puede o no puede litigar, bajo amenaza de excluir a esos despachos de los pleitos hoteleros.

En suma, cuando la política sustituye a la competencia, el interés general desaparece. Lo que queda es un mercado diseñado al dictado de quienes han capturado el poder: en este caso, el lobby hotelero.