La Justicia de EE UU autoriza que una empresa japonesa solicite embargos de bienes a España por el recorte a las renovables

Por primera vez la Justicia de Estados Unidos ha abierto la puerta a que se ejecuten los procedimientos de embargos contra bienes del Reino de España en EE UU como consecuencia de los laudos favorables a empresas afectadas por los recortes a las primas a las renovables.

Un tribunal federal de los Estados Unidos ha autorizado la japonesa JGC Corporation la ejecución de un laudo arbitral por la retirada retroactiva de esas primas, cuya compensación asciende a 23,51 millones de euros.

Más allá de la cantidad, tras año y medio de litigio, la autorización judicial sienta un precedente al reconocer a España como deudor, lo que permitirá a otras compañías afectadas y con laudos favorables a demandar embargos de bienes españoles en EE UU, según indican fuentes vinculadas a estos procesos.

La empresa nipona se acoge al laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que afirma que se violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con los cambios regulatorios en el sector energético.

El laudo otorga a JGC el derecho a cobrar 23,51 millones de euros en compensación, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso. El arbitraje, que giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía, arrancó en 2015 y llegó a su fin en 2021.

En su sentencia, la Corte de Distrito de Estados Unidos rechaza los argumentos de España, que alegaban la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea.

1.500 millones en indemnizaciones

El juez Rudolph Contreras entiende que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la justicia del país norteamericano, "conforme dicta la legislación en vigor y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del convenio Ciadi, que se comprometen a reconocer y registrar los laudos para garantizar su pago y evitar incumplimientos".

El magistrado avanza así en la línea que marcó la Corte de Distrito este mismo verano, cuando emitió un fallo en el que tumbaba la pretensión de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de estas cuestiones.

Distintos procesos de identificación de activos embargables en Reino Unido y Bélgica ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Asimismo, la Corte Suprema de Australia también ha fallado contra España y, aunque de momento no se han puesto en marcha procedimientos de incautación de bienes en el país oceánico debido a que las empresas afectadas han priorizado otras actuaciones, esta puerta también está abierta.

Por el momento hay 25 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones y otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.

No obstante, la pasada semana tras un acuerdo entre las partes para frenar el proceso -según admiten las mismas fuentes consultadas- se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales levantaba el embargo que había impuesto el pasado mes de agosto sobre el derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tras las reclamaciones de NextEra Energy como vía para afianzar el pago de 290 millones de euros de indemnización que el Ciadi le reconoció.

Aunque los laudos parten de los cambios regulatorios y fiscales adoptados entre 2010 y 2014, ha sido la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha incurrido en el impago de los mismos, según denuncian las empresas afectadas.