Tribunales

La Justicia suspende cautelarmente la multa de Consumo contra cinco aerolíneas por cobrar el equipaje de mano

Las compañías aéreas sancionadas seguirán aplicando su política de equipaje actual, es decir, cobrando, hasta que haya una resolución definitiva

MADRID.-Las aerolíneas que operan en Barajas programan 10.741 vuelos para Semana Santa, superando las cifras de 2022
Pasajeros con equipaje en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Europa Press

Nuevo episodio de la guerra entre el Ministerio de Consumo y las aerolíneas por la legalidad del cobro del equipaje de mano. La patronal de las aerolíneas, ALA, ha dado a conocer que la Justicia ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Ryanair y Norwegian, dos de las cinco compañías aéreas multadas por Consumo -Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea- con 179 millones. Esta aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conlleva que las aerolíneas seguirán aplicando su política de equipaje actual, es decir, cobrando por el equipaje de mano, hasta que se resuelva su recurso y haya resolución judicial final.

En el comunicado remitido por ALA, la patronal asegura que la aceptación de las medidas cautelares conlleva una suspensión cautelar de la sanción de Consumo, es decir, una paralización temporal. No obstante, el departamento que dirige Pablo Bustinduy insiste en la vigencia de su sanción y en la ilegalidad del cobro. "Es falso que los tribunales hayan suspendido la sanción de Consumo. Y es todavía más falso que hayan avalado que las aerolíneas sigan cobrando por el equipaje de cabina", afirman fuentes de Consumo en declaraciones a LA RAZÓN. Desde el Ministerio señalan que la aceptación de las cautelares solicitadas por dos de las aerolíneas conlleva que continuarán con sus prácticas, en su opinión ilegales, pero solo es una medida temporal que queda pendiente de resolución judicial. "Es algo normal y previsible en un Estado de derecho", ha apuntado Bustinduy en sus redes sociales, a la que ha insistido en que "cobrar por el equipaje de mano es ilegal, como ha ratificado el Parlamento Europeo".

Post de Pablo Bustinduy sobre la decisión judicial
Post de Pablo Bustinduy sobre la decisión judicialLA RAZÓN

Este martes, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó con una abrumadora mayoría (38 votos a favor de 42) en contra de legalizar el cobro por el equipaje de mano en cabina. La decisión ratifica la postura del Europarlamento de que esta práctica es ilegal, dándole la razón al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España. No obstante, choca con el acuerdo alcanzado el 5 de junio por el Consejo de la UE, que se posicionó a favor de reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos para autorizar el cobro de la maleta de mano y establecer las dimensiones del bulto gratuito (40x30x15). Aunque el Consejo de la UE ha dado su visto bueno, la propuesta de reforma del reglamento aún debe pasar por el filtro del Parlamento Europeo, donde necesitará una mayoría absoluta (al menos 361 eurodiputados) para ser adoptado.

ALA defiende que el cobro de la maleta de mano permite que 50 millones de personas se beneficien anualmente de una tarifa básica adaptada a sus necesidades de viaje. "Las sanciones anunciadas por Consumo a finales de 2024 hubieran dejado a España como el único país de la UE en prohibir libertad tarifaria amparada por el Reglamento 1008/2008, vulnerando así la legislación europea y socavando la libertad de mercado", apunta.

En opinión de la patronal, la prohibición de esta práctica totalmente legal supondría un agravio comparativo respecto a los países de nuestro entorno y una distorsión del mercado único, que según ALA queda constatado con el hecho de que la propia Comisión Europea abriera una investigación a España, conocida como EU Pilot, ante los indicios de vulneración de la normativa europea, lo que llevaría a iniciar un procedimiento de infracción. Asimismo, ALA considera que alrededor de un 40% de los pasajeros que compran la tarifa básica no compran servicios adicionales, hecho que supone que, de aplicarse la prohibición de la práctica, unos 50 millones de personas en España deberán pagar por servicios que no necesitan.