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Blesa, Rato y otros 64 ex directivos irán a juicio por las «tarjetas black»

La Audiencia juzgará a los dos ex presidentes de Caja Madrid y Bankia. Se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal

  • Rodrigo Rato, en una imagen de archivo, saliendo de su domicilio
    Rodrigo Rato, en una imagen de archivo, saliendo de su domicilio
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

02 de febrero de 2016. 02:32h

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Madrid. 1/2/2016

Los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, y otros 64 ex consejeros y directivos de ambas entidades tendrán que sentarse en el banquillo, acusados de apropiación indebida y, en su caso, de administración desleal, por los doce millones de euros que gastaron entre 2003 y 2012 con las «tarjetas black» (aunque los cargos ascendieron a 15,5 millones, los anteriores a 2003 ya han prescrito). El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó ayer el auto de apertura de juicio oral tras recibir los escritos de las acusaciones –además de la Fiscalía, UPyD, Bankia, BFA y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)–, que piden para los acusados penas de entre dos y diez años de prisión.

El magistrado cree que los hechos investigados «revisten caracteres de delito» para «exigir responsabilidad criminal», a los procesados, por lo que acuerda la celebración de un juicio del que sólo resta conocer la fecha de comienzo de la vista oral, que deberá señalar la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón –que no acusa de administración desleal a ninguno de los procesados– solicita para Blesa una pena de seis años de cárcel y una indemnización de 9,3 millones de euros (equivalente a las cantidades gastadas con cargo a esas tarjetas opacas durante su mandato) y de cuatro años y medio y de 2,5 millones de indemnización para Rato. UPyD eleva a diez años su petición de cárcel para ambos, al igual que para Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y ex director general de Caja Madrid.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que fue Blesa quien, como presidente de Caja Madrid (entre septiembre de 1996 y enero de 2010), «autorizó» la entrega a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a determinados altos directivos de unas tarjetas que «podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición», incluidos los de carácter «estrictamente personal», consagrando así «una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal».

Según el relato del fiscal, para dotar a esas retribuciones «de la necesaria opacidad», los plásticos fueron emitidos al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa, encargando su gestión a Sánchez Barcoj. Caja Madrid, subraya Luzón, «nunca practicó» retenciones fiscales por esas retribuciones, unos gastos de los que la entidad no exigía a sus beneficiarios justificación documental alguna.

De este modo, unas tarjetas originariamente destinadas a gastos de representación se convirtieron, bajo el mandato de Blesa, «en una retribución cuya improcedencia era perfectamente conocida por sus beneficiarios», que nunca declararon a Hacienda por esos ingresos.

Al acceder Rato a la presidencia de la entidad, y una vez Sánchez Barcoj le explicó su uso y le entregó una, el ex ministro decidió «mantener el sistema establecido por su predecesor», hasta que su sucesor, Ignacio Goirigolzarri, las canceló en mayo de 2012 nada más tomar posesión del cargo.

Para UPyD «resulta meridianamente claro» que el «delictivo uso dado a las tarjetas de crédito hubiese sido imposible sin la participación de los dos presidentes de las entidades durante el tiempo en que fueron utilizadas», razón por la cual imputa también a Rato –que ya ha devuelto, al igual que han hecho otros acusados, los 98.837 euros que gastó con cargo a esa tarjeta– y Blesa un delito de administración desleal.

UPyD: «Sistema corrupto»

Según el escrito de Andrés Herzog, los plásticos eran «una sutil manera de comprar las voluntades y obtener un beneficio patrimonial» por parte de los acusados, que aceptaron «a pesar de ser perfectamente conscientes de que su mero uso era ilegítimo». Ese «sistema corrupto de despatrimonialización de las entidades», continúa UPyD, fue una más de las «múltiples operaciones irregulares» que abocaron a Bankia al rescate financiero, contribuyendo al «quebranto económico» causado no sólo a sus accionistas, sino también al Estado en su conjunto.

En esa misma línea, el FROB –que califica los hechos de «uso desviado e irregular» que se tradujo en una apropiación de fondos– defiende que debe ser el destinatario de la restitución de los fondos como «perjudicado directo», al haber tenido que afrontar «el costosísimo saneamiento y recapitalización con fondos públicos del grupo BFA/Bankia», un montante que, subraya, «habría sido menor» de no haberse producido ese comportamiento «irregular».

En cuanto a Bankia –que reclama cuatro años de cárcel para Blesa y tres para Rato–, resalta en su escrito de acusación que los beneficiarios de las tarjetas «las aceptaron indebidamente e hicieron un uso ilícito de las mismas» en su beneficio (la relación de gastos incluye restaurantes, viajes, hoteles, ropa, joyas, obras de arte y en muchos casos realizados en fin de semana o vacaciones) y «en detrimento del patrimonio cuya administración tenían encomendada», provocando «un quebranto de varios millones».

«En su propio beneficio»

Más de 9,3 millones de euros de los doce que gastaron los ex directivos de Caja Madrid y Bankia con las tarjetas opacas entre 2003 y 2012 se corresponden con el mandato como presidente de Miguel Blesa. En su escrito de acusación, la representación de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera «evidente» que tanto Blesa como Sánchez Barcoj «desnaturalizaron» el sistema de emisión de tarjetas de representación ideado por su antecesor, Jaime Terceiro, y lo «multiplicaron, administrando de forma absolutamente fraudulenta el patrimonio de la entidad, causándole un perjuicio económico evaluable», no sólo «en su propio beneficio, sino también en el del resto de miembros beneficiarios de estas tarjetas “black” de la entidad».

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