La banca adelantará el 25% del Impuesto sobre Sociedades

El resto de firmas que facturen más de 10 millones abonará el 23% para recaudar 8.000 millones.

El nuevo pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que el Gobierno en funciones quiere aprobar mañana para que entre en vigor en octubre y diciembre, aumentará de forma general el tipo al 23% –desde el actual 12% que introdujo la reforma fiscal– para las empresas con una facturación superior a los 10 millones de euros, unas 9.000. La medida pretende recaudar 8.000 millones de euros adicionales este año para enjugar el déficit del Estado, que debería cerrar en el 4,6% del PIB, y estará en vigor este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit. Sin embargo, las entidades financieras deberán asumir un esfuerzo adicional, ya que el borrador del decreto ley que incorpora los cambios establece que deberán adelantar un 25% de su resultado contable.

El compromiso inicial del Ejecutivo en funciones era recaudar cerca de 6.000 millones con un adelanto del impuesto de entre el 20% y el 25% para las empresas con una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros, unas 4.400 compañías, pero finalmente se ha decantado por el rango más alto que se manejaba para obtener una bolsa mayor con la que hacer frente a los elevados desajustes que se prevén en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.

El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se ha aplicado entre 2012 y 2015, año en el que tipo se situó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.

Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 8.000 millones de euros adicionales al año para poder cumplir con el déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados.

Una vez que el Gobierno dé luz verde al decreto, las Cortes deberán posteriormente refrendarlo, por lo que será necesario que el PP negocie con los demás grupos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos, para conseguir su apoyo. En principio ninguno de los dos grupos ha rechazado la medida, que en la práctica supone aumentar la fiscalidad de las grandes empresas.

Ante esta situación, las patronales CEOE y Cepyme han criticado la medida. Así, el El presidente de CEOE, Juan Rosell, recordó ayer que «desgraciadamente en España hay casi tres cuartas partes de empresas que tienen bases imponibles negativas» y el de Cepyme, Antonio Garamendi, tachó la medida de «errónea» ya que puede afectar al empleo.