La economía sumergida priva al Estado de 80.000 millones en impuestos

MADRID- Como las grietas de una canalización, la economía sumergida ocasiona fugas constantes de recaudación para el fisco, que se agravan en situaciones como la actual, cuando el Estado lucha para reconducir el abultado déficit de las administraciones públicas. En el caso de España, el algo más de cuarto de billón de euros de actividades que escapan al control de la hacienda pública privan al Estado de unos recursos que oscilan entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros, según las estimaciones de diversos estudios.

El informe «Closing de European Tax Gap», promovido por eurodiputados socialistas y demócratas y realizado por Tax Research, cifra en 72.700 millones de euros la cantidad que el Estado deja de recaudar por la economía sumergida. No obstante, otro estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) elevaba tal cantidad hasta los 80.000 millones partiendo de un nivel de economía sumergida inferior a los 253.135 millones de euros en que la han cifrado recientemente los técnicos de Hacienda (Gestha).

Como estima el informe «La economía sumergida en España» de la Fundación de Estudios Financieros de 2013, los 72.700 millones que se escurren del control público según Tax Research equivalen a alrededor del 70% del gasto en Sanidad español. «La eliminación de la economía irregular en su totalidad permitiría repagar la deuda pública en 9 años», afirma el estudio.

Erradicar las actividades que no tributan en su totalidad es poco menos que quimérico, como reconocen hasta los propios implicados en su lucha. No lo parece tanto, si se emplean los medios adecuados, acercarlo al nivel de otros países, donde equivale en torno al 10% del PIB. En ese caso, el Estado podría incrementar su recaudación en torno a 36.000 millones de euros. Con ese dinero, España, que pugna por cerrar el año 2013 con un déficit del 6,5%, estaría en condiciones de situarse nada menos que en el 3%.

Comparado con otros países europeos de su entorno, el nivel de economía sumergida de España es muy elevado. En Alemania ronda el 13%; en Francia y Reino Unido, el 10%; y en Austria, Holanda y Suiza, menos del 10%. Tres son los factores que identifica la Fundación de Estudios Financieros para explicar tal situación. El primero tiene que ver con la denominada moral tributaria. Existe, afirma el informe, «una doble moral en la sociedad española en este tema: por una parte, dos tercios de la población no encuentran ninguna justificación para el fraude fiscal y, sin embargo, los trabajos señalan que el fraude es generalizado y aceptado por nuestros ciudadanos».

En cuanto a la regulación, el informe concluye que su complejidad en materia de creación de empresas, fiscalidad y requisitos laborales «dificulta su cumplimiento, especialmente a la pequeña empresa, abocándola hacia la economía sumergida». Abundando en esta idea, la fundación sugiere que esta complejidad «y la elevada presión fiscal y laboral hacen que las pequeñas empresas no vean incentivos o incluso que no puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas y laborales».

Escasos recursos

En último lugar, la investigación pone también de relieve la escasez de medios para luchar contra el fraude de España en comparación con otros países europeos. Citando datos de los Inspectores de Hacienda, concluye, por ejemplo, que el número de estos profesionales es cinco veces inferior al de países como Alemania o Francia, el personal de la Agencia Tributaria (AET) atiende entre 2 y 3 veces más ciudadanos que la media europea, además de que sólo el 30% de este personal se dedica a inspección frente al 42% de países como Francia y Alemania; y la plantilla de la AET permanece casi invariable desde el momento de su creación en 1992.

Para combatir esta lacra, la fundación propone actuaciones tanto en el ámbito laboral como en el fiscal. En el primero de ellos, cree que serían efectivas medidas como la mejora de incentivos para el trabajo declarado, la reducción de las cargas sociales en la contratación, el establecimiento de sanciones severas contra el trabajo no declarado o la flexibilización de los procedimientos administrativos para contratar. El materia fiscal, apuesta por rebajar los tipos del IRPF y el Impuesto de Sociedades para ensanchar las bases imponibles, combatir los paraísos fiscales, reorientar las actuaciones de la inspección hacia la investigación y una nueva estructura con empresas más grandes que desincentivara el fraude.

Un agujero por el que la UE pierde 2,1 billones

El problema de la economía sumergida no es exclusivo de España. Según un informe de AT Kearney de marzo de 2013, en Europa se mueven 2,1 billones de euros en dinero negro. Un tercio de esa cantidad se concentra en las economías más grandes: España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, en términos porcentuales, son los países del Este los que más sufren esta lacra, con niveles que llegan al 30% en casos como los de Bulgaria o Croacia.