El fiscal pide seis años de cárcel para Blesa por autorizar las «black»

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, así como cuatro años y seis meses para el también expresidente Rodrigo Rato, por apropiación indebida en la emisión de las llamadas tarjetas 'black'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, como el principal responsable de la puesta en servicio de las tarjetas «black» y de que los titulares a los que se las asignaban pudieran emplearlas «para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad en representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas de la misma». Fue Blesa, según señala el Ministerio Público, el que autorizó la entrega a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a determinados altos directivos las citadas tarjetas.

Por esos hechos, el fiscal pide que se le imponga una pena de seis años de cárcel por el delito de apropiación indebida y que abone una indemnización de 9,3 millones de euros. Para Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia y quien, según la acusación, mantuvo esos plásticos, pide cuatro años y medio de prisión. En total, acusa a 66 ex directivos de Caja Madrid, para los que reclama penas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión. Por otra parte, el FROB pide cuatro años y nueves meses de cárcel para Blesa, mientras que Bankia solicita sólo cuatro años. Para Rato, la petición de ambas partes es de tres años de cárcel. En general, sus peticiones de penas son inferiores a a las pedidas por el Ministerio Público.

El fiscal carga especialmente contra Blesa, que fue quien, presuntamente, encomendó la «gestión de las tarjetas» al ex director general financiero, Ildelfonso Sánchez Barcoj, para quien el fiscal reclama tres años de cárcel, la misma pena que para el ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella.

Posteriormente, los titulares de esas tarjetas, según admite el fiscal en su escrito, como medio de completar la «opacidad del sistema retributivo», no debían «presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregárseles la correspondiente tarjeta».

En todo caso, sostiene que los beneficiarios de esos plásticos conocían «perfectamente» que era una retribución improcedente. Con ese mecanismo se «consagró» una suerte de sistema retributivo «que carecía de todo amparo legal». Para ocultar la «verdadera naturaleza y finalidad de su emisión», Caja Madrid no practicó las correspondientes retribuciones fiscales, «contabilizándolas indebida y subrepticiamente en dos cuentas contables de gastos».

Una vez llegó a la presidencia Rato, éste mantuvo «el sistema establecido por su predecesor». Una vez constituida Bankia y fue nombrado principal responsable, trasladó también esa «práctica».

En total, las cantidades dispuestas por los beneficiarios de las tarjetas entre enero de 2003 y enero de 2010, cuando Blesa era presidente de Caja Madrid, ascendieron a 9,3 millones, mientras que durante la presidencia de Rato fueron de 2,4 millones.

«Causa general»

Fuentes de las defensas expresaron su profundo desacuerdo con la tesis del fiscal, ya que «intenta inculpar a todos sabiendo que no hay base para ello». En ese sentido, sostienen que «no concreta, no individualiza los hechos, los indicios o pruebas que hay contra cada uno», sino que, por el contrario, «parece una causa general, lo que está terminante prohibido en un Estado de Derecho». Además, afirman que no se cumplen los requisitos establecidos por el Supremo para tipificar los hechos como apropiación indebida.