La Fiscalía pide investigar a Volkswagen por fraude y delitos medioambientales

Considera que ha podido incurrir en los delitos de fraude de subvenciones y contra el medio ambiente, y pide documentación a dos ministerios.

El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, un informe en el que solicita que se requiera información a la compañía automovilística Volkswagen acerca de «la manipulación que parece existir en la instalación de un programa informático que detecta cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental». De esta forma, el Ministerio Pública avala que se tramiten las querellas interpuestas por el sindicato Manos Limpias y la Asociación Internacional de Defensa de Afectados por Motores Volkswagen.

Argumenta el fiscal que, de verificarse los hechos denunciados, determinarían que los vehículos afectados, en condiciones normales de funcionamiento, estarían emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular». Además, añade que las emisiones lanzadas hasta ahora «podrían haber causado daños sustanciales a la calidad del aire».

En su dictamen, el representante del Ministerio Público indica también que estos motores han sido objeto de una subvención pública para su fomento y, en ese caso, el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado de la Administración española. Por ello pide que se concrete el monto de las ayudas concedidas, que podría haber ocasionado un perjuicio relevante para el erario público.

«Teniendo en cuenta que el uso de motores con baja afectación medioambiental es objeto de subvención pública para su fomento, el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado del erario público», afirma al respecto el fiscal.

«En definitiva –continúa el escrito del fiscal– en este estadio de la actuaciones, podemos concluir que nos encontramos ante una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia», lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. Y , en cuanto a los delitos, sostiene que se han podido incurrir en fraude de subvenciones y en otro delito contra el medio ambiente.

A la Fiscalía interesa que se practiquen diligencias tanto en el Ministerio de Industria como en el grupo Volkswagen. En el primer caso, se solicita del Ministerio la totalidad de la información que haya podido reunir hasta el momento acerca de los hechos, con inclusión del dictamen de la Agencia Medioambiental estadounidense (EPA). También se pide un informe acerca de periciales que en su caso se hayan efectuado en corroboración del dictamen de la EPA y los informes que hayan recibido sobre la materia del Grupo Volkswagen y las entidades involucradas. Para el caso de que el citado informe de la Agencia Medioambiental de EE UU no se encuentre a disposición de las autoridades españolas, se solicita su aportación a la causa por medio de los instrumentos de cooperación internacional suscritos entre España y Estados Unidos.

Por otra parte, se solicita al grupo de empresas Volkswagen AG la totalidad de los comunicados oficiales emitidos acerca de este asunto, la relación de vehículos afectados vendidos en España, el organigrama del grupo VW en España, especificando las funciones vinculadas a los hechos y la determinación del personal responsable del mismo. Se requiere asimismo la identificación de la empresa a la que se encargó la fabricación del «software» que llevan los motores afectados, un informe acerca de la instalación del citado programa informático, con especificación del departamento encargado de ello en España, y otro informe acerca de las medidas adoptadas para la subsanación del perjuicio causado.

Pero las actuaciones del fiscal Azcárraga se extienden además a otros departamentos, ya que solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los dictámenes periciales que en su caso se hayan realizado sobre los vehículos manipulados al objeto de determinar su grado de emisiones nocivas.

Como el procedimiento se dirige contra una persona pública, se pide a Volkswagen que se le notifique el inicio del mismo para que pueda personarse y defenderse.