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La Justicia obliga a Ron a devolver lo cobrado de los 12,8 millones de su indemnización

La jueza Rocío Montes estima que, en este caso, pueden aplicarse las cláusulas que impiden cobrar esos emolumentos al estar el banco en quiebra

  • Ángel Ron, expresidente del Banco Popular
    Ángel Ron, expresidente del Banco Popular

Tiempo de lectura 4 min.

13 de septiembre de 2019. 14:51h

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Javier de Antonio 13/9/2019

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Ángel Ron, el ex presidente del Banco Popular, no podrá disfrutar de su multimillonaria indemnización tras dejar su puesto. La Justicia obliga al ex directivo a devolver los importes recibidos hasta ahora de su prejubilación, los que le corresponderían en el futuro y los bonus cobrados. Así lo estipula en su sentencia el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, que estimó en su totalidad la demanda interpuesta por el Banco Santander. En su escrito, la magistrada Rocío Montes Rosado le niega el derecho al cobro de una indemnización cercana a los 13 millones de euros –1,1 millones anuales hasta su edad de jubilación, tal como estipulaban los estatutos de la entidad en ese momento– por las millonarias pérdidas que por su gestión tuvo la entidad que presidía en 2016.

La jueza atiende de este modo íntegramente los argumentos de la entidad presidida por Ana Botín, que recurrió a la aplicación de dos cláusulas para revertir el pago. Así, Montes ve procedente aplicar la «cláusula clawback» –la que permite a las empresas reclamar el reembolso de las retribuciones variables pagadas a los consejeros ejecutivos bajo una justificación económica– y la «cláusula malus» –aplicada para impedir el cobro de la remuneración variable y no satisfecha por los resultados negativos obtenidos por la empresa en ejercicios posteriores a su salida–, cuya aplicación en esta sentencia puede sentar jurisprudencia. El juzgado también le condena a devolver los bonus correspondientes a los años 2013 (215.546 euros) y 2014 (42.600 euros), los hubiera ya cobrado o estuvieran pendientes de pago, que en total sumarían 258.146 euros, además de tener la obligación de reintegrar al Popular las 10.216 acciones en su poder.

Ángel Ron confirmó ayer a través de un comunicado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su abogada, Pilar Martínez, entiende que la decisión de la magistrada «resulta contraria a los estatutos del banco y a la política de remuneraciones existente, sometida a los acuerdos del Consejo y de la Junta General de Accionistas, que aprobaron dicha retribución», vigente desde 1979 hasta la llegada del sucesor de Ángel Ron. Critica especialmente que la jueza entienda como variable una remuneración «considerada fija en su contrato» y que se justifique la aplicación de las cláusulas «clawback» y «malus» sin tener en cuenta los informes aportados y sin tener «fundamento jurídico», sostiene la letrada.No es éste el primer revés judicial que sufre el banquero.

En junio de 2017, apenas dos semanas después de la liquidación del Popular, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid desestimó la demanda del ex presidente contra la entidad que dirigió durante más de una década, a la que reclamaba una indemnización por despido improcedente tras abandonar el cargo en febrero de ese año. El día 7 de ese mismo mes, a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidó el Popular, amortizó el valor de sus acciones a cero y lo vendió al Santander al simbólico precio de un euro. Apenas tres meses después, Santander decidió presentar querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y la auditora PwC.

Ahora, la juez Rocío Montes da la razón al Santander al denegar a Ron el cobro de la prejubilación que, por su vinculación de alta dirección, le correspondía en caso de despido. Un contrato con Mapfre Vida –compañía con la que el Popular externalizó los abonos de la póliza– se hizo cargo del pago total de la indemnización, 1,1 millones anuales hasta los 65 años –en total, 12,8 millones–, que obligaba al ex directivo a no trabajar en ninguna compañía bancaria hasta su retirada. Santander entendía que esta compensación era una retribución variable y no fija –como defendía Ron–, por lo que podían activarse las cláusulas «malus» y «claw-back», justificadas por las millonarias pérdidas de Popular en 2016, para recuperar las retribuciones ya abonadas al banquero.

La magistrada les ha dado la razón y, además, obliga a Ron a devolver 13.093 euros cobrados de forma irregular tras ser cesado, que abone 215.546 euros de la remuneración variable de 2013 y 2014, que se aplique la «cláusula malus» a otros 42.600 euros en efectivo y que revierta 10.216 acciones del banco.

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