La polémica por las trabajadoras sexuales le cuesta el puesto a la directora de Trabajo

Concepción Pascual dio el visto bueno a una una entidad que agrupa a prostitutas de Barcelona.

Horas después de la dimisión de Concepción Pascual Lizana, el sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) volvió a poner el grito en el cielo. Lamentó, ayer en Twitter, que «un Gobierno que dice ser feminista haya forzado el cese de una mujer que actuó conforme a derecho cumpliendo la normativa vigente». La directora general de Trabajo presentó su dimisión al mediodía, tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente que dio el visto bueno a esta organización.

El Ministerio de Trabajo informó en un comunicado de que la titular del departamento, Magdalena Valerio, aceptó la renuncia: «Ha asumido voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los estatutos de Otras», dado que se llevó a cabo ante la dirección de la que ella era la máxima responsable. Valerio reconoció hace unos días que le «han metido un gol por toda la escuadra» con el citado registro, lo que inició los trámites pertinentes para declarar nula la resolución por la que se constituía ese sindicato.

Entonces, afirmó que «la persona que lleva esto tendrá que explicarme por qué no se me ha informado» y aseguró que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez «no va a avalar a un sindicato de una actividad ilegal y que vulnera los derechos de las mujeres en general y también de aquellos hombres que, por circunstancias, deben ofrecer sus cuerpos a terceros para ser abusados». El presidente del Gobierno rechazó este lunes identificar la prostitución con un «trabajo» y abogó por su «abolición».

Las reacciones de apoyo al sindicato que tiene sede en Barcelona no se hicieron de esperar: por un lado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aplaudió la creación del sindicato y de una sección sindical propia dentro de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y lo calificó como «un movimiento imparable y de justicia por el que las propias trabajadoras sexuales reivindican sus derechos básicos y mejoran así sus condiciones de vida». Por otro lado, la asociación KodigoMalva condenó «las campañas de deslegitimización y difamación a la que se han visto sometidas las propias trabajadoras sexuales activistas y todas aquellas personas y organizaciones que han sido objeto del odio más visceral y del conservadurismo más rancio».

Mientras tanto, el Gobierno se limitó a calificar de «incidente administrativo» la mencionada resolución y recordó que el Ejecutivo ya está preparando una ley contra la explotación sexual, pues «este asunto debe estar resuelto». «No hay que confundir un incidente administrativo con lo que ha supuesto la reacción por parte del Ministerio de Trabajo en relación con este asunto», indicó a la Cadena Ser.