La nueva Ley Concursal creará 200.000 empleos en tres años

Economía cree que la nueva Ley Concursal permitirá la creación de 200.000 empleos netos en tres años y entre un punto y un punto y medio el Producto Interior Bruto (PIB).

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este jueves que la aplicación de los cambios en la Ley Concursal que se incluyen en el decreto ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial permitirán incrementar el PIB entre un punto y un punto y medio, y además facilitará la creación de unos 200.000 empleos netos en tres años.

Así lo ha señalado durante la presentación del decreto para su convalidación por el Pleno del Congreso, donde el titular de Economía ha reclamado a los grupos parlamentarios el apoyo a una medida "fundamental"para facilitar el desapalancamiento del sector empresarial privado y para garantizar la viabilidad de los negocios viables que atraviesan dificultades de liquidez puntuales. Además, ha anunciado que el texto se tramitará como proyecto de ley para incorporar mejoras.

De Guindos ha subrayado asimismo que esta norma "llega en el momento oportuno", porque las entidades financieras tienen un "nivel de provisiones suficiente para afrontar posibles pérdidas por las refinanciaciones"y porque la economía está "iniciando una fase de recuperación en la que se observa un aumento de la demanda de crédito solvente", cuya financiación sólo será atendida "si se reduce de forma importante el stock de crédito existente".

HAY QUE "ALIMENTAR"LA "SUAVE"RECUPERACION

"Hoy afrontamos una recuperación, aún suave, que debemos fortalecer y alimentar para que se convierta en una recuperación real. En apenas dos años y medio hemos establecido una senda de consolidación fiscal sostenible, hemos saneado el sector financiero, hemos estabilizado el mercado laboral y, por primera vez en la Historia reciente, se creará empleo con tasas de crecimiento del 1%", ha insistido el ministro.

Además, ha destacado que "España vuelve a ser un país creíble que genera confianza", tal y como a su juicio demuestran los resultados de las subastas del Tesoro, que se celebran "con normalidad"y con tipos "históricamente bajos", y la capacidad de acceso de bancos y empresas a los mercados financieros internacionales. En este sentido, De Guindos ha destacado que entre enero y marzo las entidades financieras han emitido 10.000 millones en deuda y las empresas otros 4.500 millones.

También el crédito empieza a mostrar una "tendencia positiva", con cuatro meses de tasas interanuales positivas en la financiación de pymes y siete meses en el caso de los créditos al consumo. No obstante, "la economía debe seguir desapalancándose"sobre todo en el ámbito del sector privado (que debería reducir su deuda unos 30 puntos hasta el 100% del PIB, en convergencia con la media europea) y se deben dar "facilidades"a las empresas solventes para que puedan sobrevivir.

DECRETO FUNDAMENTAL

Y es en este contexto y con estos "retos"que aún persisten donde cobra todo su sentido este decreto, que ayudará a superar la situación de baja inflación que hace "más lento y complejo"el proceso de desapalancamiento, y que además servirá de garantía para "minimizar"el efecto "contractivo"de este desendeudamiento privado sobre la actividad económica.

Así, el texto hace frente a los tres principales "obstáculos"de la actual Ley Concursal: el peligro de la rescisión de acuerdos, la imposibilidad de alcanzar acuerdos individuales y las dificultades en los colectivos por las mayorías exigidas, y la imposibilidad de extender a los acreedores disidentes algunos efectos de los acuerdos como las quitas.

Para "superar estas limitaciones"se posibilitan los acuerdos individuales de refinanciación si "se mejora la posición patrimonial del deudor"y sin necesidad de contar con la mayoría del pasivo. Este tipo de acuerdos sólo serán rescindibles por el juez a instancias del administrador concursal, y sus condiciones serán bastante restrictivas.

Además, se simplifican los trámites de los acuerdos colectivos no homologados judicialmente al sustituir el informe de un experto independiente sobre el plan de viabilidad del a empresa por un certificado del auditor de cuentas, y se limitan los casos de rescisión. En cuanto a los acuerdos colectivos homologados judicialmente, también se introducen "importantes variaciones".

Entre ellas, De Guindos ha destacado la simplificación de la intervención judicial, que sólo comprobará que se cumplen las mayorías y los requisitos formales. Además, una vez homologado el acuerdo ya no se podrá rescindir si se llega al concurso de acreedores, se reduce del 55% al 51% la mayoría necesaria para la homologación y se incluye en el cómputo a todos los acreedores de pasivos financieros, excepto los titulares de deuda comercial o de derechos públicos.

SE EXTIENDE A LOS DISIDENTES

En los préstamos sindicados hará falta el 75% de los titulares del pasivo para acordar medidas de refinanciación, de modo que se "eviten comportamientos oportunistas"que se daban por la exigencia de unanimidad; y se reconoce la posibilidad de convertir deuda en capital en determinadas condiciones.

También se podrán extender las medidas si se logra un apoyo del 60%, en el caso de esperas hasta cinco años y de conversiones en préstamos participativos por el mismo plazo, o del 75% si se trata de esperas hasta diez años, quitas o conversiones de deuda en capital.

En cuanto a los acreedores con garantías reales, que "actualmente eran prácticamente inmunes a los acuerdos de refinanciación homologados", se afecta a la parte del crédito que exceda del valor real de la garantía, que por tanto se verá afectada por medidas de espera o conversiones en las mismas condiciones que el resto.

OTROS CAMBIOS

El decreto ley modifica también el régimen de las ofertas públicas de adquisición (OPA) para evitar costes adicionales en estos procesos, se acuerda la paralización durante cuatro meses desde la comunicación del inicio de las negociaciones de todas las ejecuciones singulares de bienes necesarios para la continuidad de la actividad y se califica todo el dinero nuevo que pueda entrar en un proceso de refinanciación y reestructuración de deuda como crédito contra la masa durante un plazo de dos años.

"Esta es una medida fundamental para incentivar la financiación adicional, imprescindible para garantizar la viabilidad de muchas empresas", ha dicho el ministro, que recuerda que las instituciones comunitarias y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instan a España de forma recurrente a mejorar las vías de financiación no bancarias de la economía.

Por otra parte, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para que la capitalización de la deuda no tribute y también se cambia el tratamiento fiscal que se da a las rentas derivadas de quitas o de esperas que no suponen un aumento de la capacidad de las empresas, para que se imputen en la base imponible en función de los gastos financieros que generen posteriormente.

El decreto ley también encarga al Banco de España que adapte la normativa contable a la mejora de la calificación de la deuda subsistente tras el acuerdo, un mandato que el regulador ya cumplió esta semana con la decisión de que la deuda sea calificada como de riesgo normal bajo unas determinadas circunstancias.

"Hoy convalidamos una norma urgente y necesaria en la senda emprendida para crear un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad y la eficiencia. Este decreto facilitará las condiciones para lograr el acuerdo entre las empresas deudoras y sus acreedores, logrando su viabilidad y el mantenimiento del empleo. Esta norma será buena para todos", ha asegurado el ministro.