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La nueva tasa financiera apenas tapará el agujero de las pensiones

La recaudación del impuesto a las transacciones financieras irá a taponar el déficit de la Seguridad Social, que rozará este año los 19.000 millones. Los 8.061 millones de euros del Fondo de Reserva no dan ni para una paga

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10 de octubre de 2018. 02:49h

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Erik Montalbán / Humberto Montero.  10/10/2018

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El Gobierno implantará un nuevo impuesto a las transacciones financieras. Ésta es una de las soluciones que ha encontrado el Ministerio de Hacienda para tratar de taponar la hemorragia que supone el pago de las pensiones para las arcas públicas. La ministra del ramo, María Jesús Montero, explicó ayer que la recaudación de este tributo se destinará «en exclusiva a financiar la Seguridad Social». En una entrevista en La Sexta, aseguró que aún no se conocen los detalles, pues «estamos haciendo todavía los últimos ajustes, negociando con Podemos todos los términos del acuerdo presupuestario», pero que la recaudación se llevará «íntegramente» a la Seguridad Social.

Aunque no precisó qué cantidad se espera recaudar con este tributo, la alternativa presupuestaria presentada por el PSOE hace sólo unos meses cifraba en 1.000 millones de euros los ingresos por el impuesto a las transacciones financieras. Es decir, una tirita para una hemorragia masiva, dado el déficit de casi 19.000 millones de euros anuales de la Seguridad Social. En cualquier caso, Montero abrió la puerta a nuevas decisiones. «No va a ser lo último ni lo definitivo. Si en 2020 fueran necesarias medidas adicionales, se pondrán en marcha. Tanto por la vía de ingresos como por la de quitar a la Seguridad Social algunas cuestiones que paga y que se podrían asumir por la Administración General del Estado».

Montero afirmó que «siempre, siempre, los sistemas de pensiones se tienen que repensar y tienen que ir incorporando un volumen más importante de recursos cuando hay en el horizonte generaciones que se incorporan a las pensiones», en este caso fruto del «baby boom». No obstante, pidió tranquilidad a los pensionistas respecto a la revalorización con el IPC, que «es de justicia, pues nuestros mayores no pueden perder poder adquisitivo».

Según el documento presupuestario del PSOE, el objetivo del nuevo tributo es gravar a los grandes beneficiarios de la globalizacion, los flujos financieros. «Ello con la idea de desalentar la especulación financiera –que es la causa de la crisis financiera de 2008– y conseguir que el sector financiero contribuya más a los esfuerzos de recuperación de las finanzas publicas».

La medida se antoja un parche mínimo para un sistema público de pensiones al que apenas le quedan 8.061 millones en la hucha, menos de lo que atesoraba el Fondo de Reserva de la Seguridad a cierre de 2017, cuando se quedó con 8.085 millones, como anunció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Pacto de Toledo, Granado culpó al anterior Gobierno del PP de la rentabilidad negativa obtenida por el Fondo de Reserva en el último ejercicio y aseguró que «habría sido posible tener otras previsiones» de inversión más «razonables», invirtiendo una parte a largo plazo y otra parte a corto, algo que «habría exigido tener una planificación». Según el responsable de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva obtiene rentabilidades unas negativas desde mediados de 2017 «equiparables a la que tenía a principios de 2003», por lo que su situación actual «es de todo menos halagüeña». La política de 2017 para el Fondo de Reserva le permitía invertir en deuda pública española y también en deuda alemana, francesa y holandesa, así como en activos emitidos por el ICO (Instituto de Crédito Oficial), siempre en euros. La cartera de inversión está históricamente colocada en el corto plazo, que representa el 86,55% del total de adquisiciones, mientras el largo plazo (3 años) apenas representa el 13,45%.

Los rendimientos netos producidos desde la primera dotación al Fondo de Reserva, aprobada en el año 2000, hasta 31 de diciembre de 2017 ascienden a 28.932 millones, con un pico en 2015 de casi 4.000 millones. Sin embargo, la necesidad de disposición del Fondo para pagar las pensiones durante la crisis y la recuperación (la hucha pasó de 66.815 millones en 2011 a los actuales 8.061 millones) ha dejado los rendimientos en 173 millones en 2017.

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