El Gobierno bajará del 25% al 8% la interinidad en Justicia, Sanidad y Educación

Montoro propone contratar a más empleados públicos de los que se necesita reponer para cubrir las 317.000 plazas perdidas desde 2011.

En 2011 había 3,3 millones de asalariados en el sector público en España. El pasado año se cerró con un total de 2,98 millones de empleados públicos. Por el camino, según los datos de la última Encuesta de Población Activa se han quedado unos 317.500 puestos sin cubrir. Además, otros 230.000 trabajadores de las administraciones están próximos a su jubilación, según CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado. Por si fuera poco, el envejecimiento de la plantilla de empleados públicos es evidente, ya que el 63% tiene más de 50 años.

Ante esta situación, y con el objetivo de bajar la tasa de temporalidad del 25% al 8% en los próximos tres años en los servicios esenciales (Educación y Sanidad) y en Justicia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública planteó ayer a los sindicatos una Oferta de Empleo Público para este año con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en esos sectores, con lo que se convocarían por primera vez plazas adicionales a las que se deberían cubrir por la salida de trabajadores.

Las tasas de reposición se congelaron durante la crisis y subieron, con carácter general, del 10% al 50% el pasado ejercicio, y hasta el 100% en los servicios esenciales, así como en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal (Agencia Tributaria), Justicia, extinción de incendios, prisiones y servicios sociales.

La propuesta se definirá antes del próximo día 16 ya que el objetivo es tener cerrado el capítulo de personal antes del 30 de marzo, para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Los sindicatos estiman que el 35% de la plantilla del Sistema Nacional de Salud y el 25% de los profesores no universitarios son interinos, aunque este porcentaje llega al 60% en el ámbito sanitario en algunas comunidades autónomas como es el caso de Canarias. A nivel general, el cálculo es que la tasa de interinidad está próxima al 25% en todo el sector público.

El Ejecutivo planteó esta propuesta durante el encuentro que mantuvieron el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, con los representantes de las organizaciones sindicales CSIF, CC OO y UGT, en la que no se concretó la revisión de retribuciones, según pudo saber este diario. Las partes no se reunían en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas desde el pasado 14 de febrero.

A pesar de la oferta, CC OO y UGT enviaron una carta a Montoro en la que solicitaron la eliminación de la tasa de reposición y un incremento gradual de las plantillas, conforme a las necesidades de los servicios públicos en cada administración. En este sentido, demandan una oferta de empleo público excepcional de 356.000 plazas para regularizar la situación de plazas estructurales presupuestadas, vacantes u ocupadas por interinos, así como adaptar la normativa española a la sentencia de la Justicia europea, que equiparó los costes de despido de los interinos a los de los temporales.

Asimismo, los sindicatos de clase reclaman al ministro Montoro un aumento del salario de los empleados públicos que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Por su parte, CSIF consideró la propuesta como «insuficiente», ya que considera que debe de incluir al conjunto de las administraciones. CSIF también reclama la supresión de la tasa de reposición para reducir el déficit de más de 300.000 empleos perdidos desde 2011 y una oferta de empleo público «excepcional».

Queda por concretar si los actuales contratados en situación de interinidad de las administraciones públicas tendrán prioridad para cubrir las plazas convocadas o deberán competir en igualdad de condiciones con el resto de opositores. El sindicato más representativo de la Función Pública demanda también que se realice un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de las plantillas, limitar los contratos de interinidad a entre dos y tres años, y establecer la obligación de crear una plaza cuando se detecte una necesidad estructural.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha solicitado que la tasa de reposición de los empleados dependientes de las entidades locales se fije en el 100% para recuperar los casi 100.000 empleos perdidos desde 2012, el 15% de la plantilla de empleados públicos locales. Las comunidades autónomas han sido las que menos han sufrido la pérdida de funcionarios, un 3,7%, según la FEMP.