La Policía destapa fraudes a la seguridad social por más de 36 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han destapado fraudes a la Seguridad Social por un importe superior a 36.000.000 euros, cometidos en el último trimestre del pasado año. En este periodo se han realizado 45 investigaciones sobre actuaciones fraudulentas en materia de afiliación y cotización que han dado como resultado la detención 107 personas y la imputación de otras 47. Los fraudes han sido cometidos en las provincias de Madrid, Almería, Barcelona, Gerona, Tenerife, Valencia y Castellón.

Insolvencias punibles y delitos contra la TGSS

Los hechos investigados hacen referencia a diversas modalidades delictivas, como delitos de insolvencia punible o contra la TGSS. En lo que se refiere a las insolvencias punibles, se trata de infracciones cometidas por los responsables de empresas que, tras acumular deudas con la Seguridad Social por impago de las cuotas de seguros sociales, llevan a cabo una descapitalización de la deudora. Con ello provocan una situación de insolvencia con la finalidad de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social.

Por otro lado, los delitos contra la Seguridad Social son cometidos por empresas que, incumpliendo sistemáticamente la obligación de cotizar, generan importantes deudas -superiores a 120.000 euros por año natural-, y llevan a cabo diversas maniobras, como la utilización de testaferros o la declaración de domicilios falsos, con el objetivo de ocultar la verdadera identidad del deudor ante la TGSS.

Falsos contratos para acceder a prestaciones y subsidios

Otra de las modalidades utilizadas para defraudar a la Seguridad Social por parte de las empresas investigadas consistía en realizar contratos de trabajo a un elevado número de personas, a pesar de tratarse de mercantiles sin una actividad real y efectiva. Con ello lograban que los falsos trabajadores, tras acumular los periodos mínimos de carencia exigidos, pudieran acceder a prestaciones o subsidios por maternidad, incapacidad o desempleo, o regular su situación legal en España en el caso de extranjeros, así como obtener el tercer grado penitenciario.

Las actuaciones policiales han sido llevadas a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica (UDEF CENTRAL) de la Comisaría General de la Policía Judicial.