La reforma del Impuesto sobre Sociedades se mantendrá hasta 2018

La reforma del Impuesto de Sociedades, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas, permitirá recaudar 8.300 millones de euros adicionales que servirán para cuadrar las cuentas públicas de este año y lograr el objetivo de déficit público del 4,6 % del PIB.

Tras la amenaza de multa por el desvío en el objetivo de déficit, la UE ha obligado a España a acometer reformas estructurales que le permitan cerrar el año en el 4,6%. Ante la imposibilidad de presentar unos Presupuestos Generales que contemplen dichos recortes, el Gobierno en funciones presentará el próximo 15 de octubre a Bruselas la reforma del Impuesto sobre Sociedades como medida central para incrementar la recaudación. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el adelanto del pago de dicho impuesto, una medida con la que se pretenden recaudar hasta 8.300 millones extra al cierre del año.

La reforma consiste en incrementar el tipo mínimo en el pago fraccionado –opción por la que las empresas declaran progresivamente sus beneficios a lo largo del año (abril, octubre y diciembre) para después descontarlo en la liquidación anual– del 12% al 23% para aquellas compañías que facturen más de 10 millones de euros anuales. Esta decisión viene motivada por la caída de la recaudación experimentada desde la reforma fiscal de 2015 –un 50%, aproximadamente– debido a la bajada de los tipos generales del impuesto y a la desaparición del mínimo en el pago fraccionado. Caso aparte es el de la banca y las empresas de explotación de hidrocarburos, que tendrán que adelantar un 25% sobre sus beneficios. Las entidades de crédito y las petroleras ya tributan más que el resto en la liquidación anual, un 30% frente al 25% general. Quedan exentas de dicha reforma aquellas compañías cuyas rentas estén derivadas de operaciones de quita consecuencia de un acuerdo con acreedores y las rentas que afecten a entidades sin ánimo de lucro.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende obtener liquidez a corto plazo, que le permita cumplir los objetivos de déficit y evitar la multa de 6.000 millones fijada por la UE, y recuperar los niveles de recaudación de los ejercicios previos a la crisis. Sin embargo, la vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santa María dejó claro tras el Consejo de Ministros que no se trata de una subida de impuestos, ya que los tipos generales se mantienen invariables. Con esta medida se ha intentado «minimizar daños» a los ciudadanos y mantener «un nivel de servicios públicos» en momentos que ha calificado como «difíciles».

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, anunció además que la reforma tendrá carácter permanente. En concreto, la subida del adelanto en Sociedades estará vigente hasta que España alcance el objetivo del 3% en el déficit, el cual está comprometido con Bruselas para 2018. Por el momento, el cambio en la metodología de cálculo para el pago fraccionado se aplicará en las declaraciones de octubre y diciembre.

La idea que subyace bajo esta medida es mantener una recaudación total estable, de entorno a los 20.000 o 21.000 millones. La reforma fue aprobada en el Consejo de Ministros este viernes y pretende aplicarse vía decreto ley. El siguiente paso es que las Cortes refrenden dicha propuesta, por lo que el Partido Popular deberá negociar con el resto de los grupos parlamentarios en busca de su apoyo. En principio, ni Ciudadanos ni el PSOE se van a oponer al adelanto en el impuesto, aunque esperan analizar «la letra pequeña» del decreto para confirmar su apoyo. El Gobierno en funciones mantiene actualmente líneas de comunicación activas con el PSOE y el PNV, a la espera de iniciar el contacto con Podemos y Ciudadanos en los próximos días.

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida en el sector empresarial. Tanto la CEOE como los principales sindicatos (UGT y CC OO) expresaron su rechazo a esta reforma, que se estima afectará a unas 9.000 sociedades. El vicepresidente de la patronal, Antonio Garamendi, advirtió de que dicho adelanto puede incidir de forma negativa «en el empleo y las inversiones». Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tachó de «chapuza» y «electoralista» la decisión del Gobierno en funciones.