La renta mínima lastraría el crecimiento económico

Son transferencias que desincentivan la búsqueda de empleo, merman la cualificación de los trabajadores y reducen la productividad de las empresas.

Más allá de disparar el déficit público, si no se acometieran recortes del gasto o subidas de impuestos, la implantación de una renta mínima lo suficientemente próxima al sueldo que reciben los hogares más pobres provocaría que millones de asalariados dejaran de querer trabajar y limitaran su consumo a la prestación estatal. «Muchas personas con estas ayudas se desligarían del mercado laboral, creando un problema endogámico. La renta mínima podría provocar un desplome de la población activa, algo muy preocupante para sostener el actual Estado del Bienestar», advierte Miguel Ángel Bernal. La implantación de una renta mínima nos llevaría a una sociedad más subsidiada. Si bien puede ser una medida efectiva en tiempos de crisis para atender a personas en riesgo de pobreza y exclusión, mantenerla en el tiempo desincentivaría la búsqueda de empleo. Asimismo, estas transferencias reducen la productividad, al mermar la cualificación de los trabajadores. Y, por ende, a largo plazo lastrarían el crecimiento económico. Carlos Martínez, director general de IMF Business School, considera que quienes recibieran una renta mínima correrían el riesgo de «acomodarse» con unos bajos ingresos y de no esforzarse por adquirir las competencias profesionales que el mercado demanda, pudiendo quedar condenados a vivir en situación de cuasi pobreza con la ayuda estatal. Este tipo de ciudadanos serían nefastos para la economía, ya que apenas pagarían impuestos y no contribuirían a garantizar el sistema de protección social. Máxime, teniendo en cuenta que las cotizaciones sociales de los empresarios españoles llegan al 8,2% del PIB, frente a una media del 6,9% en la UE, y representan el 24,4% de la recaudación. Para repartir la riqueza primero hay que crearla. Pero estas políticas incentivan la pretensión de vivir de las rentas. Además, la mayor ayuda al desempleado es la consecución de un empleo, ya que el trabajo es la mejor herramienta para la inserción social.

EFECTO DEVASTADOR

Teniendo en cuenta que prácticamente uno de cada tres trabajadores en España tiene unos ingresos iguales o inferiores el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –este año subirá un 8%, hasta los 707,6 euros–, el efecto de implantar una renta mínima «podría ser devastador para el mercado laboral». Martínez resalta que a muy pocos ciudadanos les compensaría «moverse de la cama» por poco más de 200 euros, ya que ir a trabajar cuesta dinero (transporte, comida...). Los programas de rentas mínimas son instrumentos que pueden subvencionar la ociosidad. Por ello, el director general de IMF Business School opina que sería mucho más razonable invertir en políticas activas de empleo eficaces que permitieran ofrecer las herramientas necesarias a los desempleados para mejorar su cualificación en aras de encontrar, o crear, un puesto de trabajo adecuadamente remunerado. Las rentas mínimas son políticas pasivas. Pan para hoy, hambre para mañana. Y resultan poco efectivas en tanto en cuanto no impulsen el desarrollo personal del empleado. Martínez asegura que son un medio para conseguir paz social de forma práctica, evitando otros costes superiores que produce la desigualdad social, como la violencia. Si los más de 12.000 millones de euros que costaría introducir la renta mínima que el Congreso ha aceptado admitir a trámite se destinaran a implementar políticas activas de empleo, el efecto resultaría mucho más positivo. Martínez revela que, en términos medios, España invierte 4.000 millones de euros en estas políticas. Y que si multiplicásemos por tres estas cantidades podríamos acometer reformas importantes relacionadas con la mejora de los recursos del Sepe, las rebajas de las cotizaciones a la Seguridad Social, la optimización de las competencias de los trabajadores a través de la formación... «Debemos generar igualdad de oportunidades vía educación, no vía subvención», apuntilla. España ya invirtió más del 20% del PIB en gasto social. El año pasado la dotación para estas partidas superó, por primera vez, los 300.000 millones de euros, según el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Martínez afirma que, en general, el sistema de protección funciona de manera solvente y que una vuelta de tuerca más, como la que se plantea, no tiene mucho sentido.