«La transparencia es el instrumento para crear una cultura de responsabilidad»

Los expertos celebran el paso adelante dado por nuestro país en esta materia y reclaman un cambio profundo de mentalidad que acabe con la opacidad de las administraciones públicas.

El próximo 9 de diciembre se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Para esa fecha, ayuntamientos y comunidades autónomas deberán haber puesto a disposición de sus ciudadanos toda la información institucional, normativa y económica de la Administración para su consulta pública. Así, a punto de cumplirse el aniversario del primer gran ejercicio de transparencia de la democracia, el diario LA RAZÓN organizó, con la colaboración de KPMG, una mesa redonda en la sede del diario bajo el título de «Ley de Transparencia y Buen Gobierno». Un encuentro que contó con la presencia de Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias; Enrique Ruiz Escudero, viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid; José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal; Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial de IESE Business School de la Universidad de Navarra, y Cándido S. Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de la consultora KPMG.

Nuestro país, hasta la aprobación de esta norma, era el único de Europa sin una legislación que facilitara el acceso de sus ciudadanos a la información pública. Una falta de transparencia que, entre otras circunstancias, podría explicar en cierta medida los escándalos de corrupción que han sacudido el país y la consecuente desafección de los españoles hacia su clase política. «Dentro de un mes, todo el territorio estará obligado a servir a los ciudadanos los datos que son suyos. Esto va a convertir la desafección en confianza y va a fortalecer las instituciones», señaló Esther Arizmendi. «Los ciudadanos demandan nuevas formas de participación, quieren estar, saber, opinar y ser tenidos en cuenta. La Ley de Transparencia hay que enfocarla como el principio de un camino», subrayó, por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interés

Un camino que se antoja largo y que requerirá, en opinión de los ponentes, de un cambio cultural en la sociedad, poco acostumbrada a reclamar información a sus gobernantes. Prueba de ello es el escaso impacto que ha tenido el portal de la transparencia desde su puesta en marcha hace apenas un año. En este periodo, el portal ha recibido cuatro millones de visitas, de las que 3.292 han consultado algún tipo de información y, teniendo en cuenta que a veces son los mismos ciudadanos quienes demandan información, únicamente podemos decir que son 1.500 las personas que han realizado alguna pregunta. «La Ley está suponiendo un punto de partida para saber qué es lo que tenemos que contar a los ciudadanos. Es una pequeña revolución cultural y un cambio de inercia porque tenemos ciudadanos que quieren conocer a golpe de clic», aseguró Enrique Ruiz. Joan Fontrodona mantuvo que la transparencia es un «muy buen instrumento para crear una cultura de responsabilidad». «Si se utiliza como un ejercicio de respuesta hacia la responsabilidad de gestión de Gobierno es una herramienta buenísima», indicó el profesor de Ética Empresarial de IESE.

De lo que no hay duda es de que la aprobación de la Ley de Transparencia supone un antes y un después para España. «Este país ha hecho un avance extraordinario para disponer de una información de cuentas públicas que, en estos momentos, está reconocida como una de las más extensas y detalladas de Europa», destacó el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal. En este sentido, los participantes en el debate pusieron de manifiesto la importancia de que la Administración asuma la transparencia como propia y faciliten lo máximo posible a los ciudadanos el acceso a la información. «Todos los procesos de formación de la decisión en el seno del Gobierno y las administraciones van a ser transparentes. Es fundamental que las administraciones asuman que los procesos no van a poder ser como eran hasta ahora», señaló Cándido Pérez Serrano.

Financiación

No obstante, y pese al enorme avance realizado por España, la puesta en marcha y el funcionamiento de la Ley de Transparencia todavía presenta un buen puñado de interrogantes. El primero de ellos está relacionado con la implantación a nivel territorial y la capacidad de los pequeños consistorios de dar respuesta en el plazo legal a las demandas de información de sus ciudadanos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en nuestros país existen alrededor de 5.000 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes y 500 de menos de 50 residentes.

«Vigo, Madrid y Sevilla podrán llevarlo a cabo sin problemas pero un ayuntamiento de 5.000 habitantes tendrá dificultades, y uno de 1.000 directamente no podrá», explicó Abel Caballero. Y es que el «nudo gordiano» estará en el ámbito local. «Donde se va a producir la verdadera interacción, y de forma masiva, es en los ayuntamientos porque la información sobre la que los ciudadanos quieren conocer es la de sus entornos más tangibles», apuntó.

Otro de los problemas que complica la difusión y el uso de estas plataformas es su excesiva complejidad y la falta de cohesión de la información publicada. «Hay muchos datos pero, en ocasiones, están en formatos poco amigables para su tratamiento. Hace falta que las estadísticas sean replicables y contrastables», indicó José Luis Escrivá. Una opinión compartida por el socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, para quien «la Administración debe ponérselo fácil a los ciudadanos». «Salvo en el caso del déficit, no hay datos disponibles para poder hacer comparaciones homogéneas entre regiones», apuntó Pérez Serrano. Según Fontrodona, un exceso de información puede resultar contraproducente, ya que, de no estar ordenada, puede que no se interprete en su justa medida. Un exceso de información no siempre significa mejores decisiones. Esta ley es un paso, pero no podemos contentarnos».

Los ponentes hicieron hincapié en la forma de asegurar que las administraciones cumplan con su deber de hacer de la información un bien público. Para el presidente de Airef, este cumplimiento pasa, más que por sancionar, por poner el foco en la reputación de las administraciones que no cumplan con los plazos o las demandas de los ciudadanos. «El marco normativo es potente y ambicioso, pero su éxito dependerá de los usos y las prácticas. No creo en las sanciones, por lo que hay que aumentar los costes reputacionales de los que no cumplan», manifestó. En esta línea, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias reivindicó la importancia de diferenciar entre aquellas administraciones que cumplen y las que no. «Debemos pelear por el 100% de la transparencia. El coste tiene que ser de reputación pública», destacó Caballero.

Asimismo, dejaron claro que, en los próximos años, las exigencias en materia de información pública serán mayores y las administraciones tendrán que estar preparadas. «El ciudadano quiere saber qué está pasando en todo momento y para eso todavía tenemos que avanzar mucho en los próximos años», sentenció Arizmendi. Una opinión compartida por el alcalde de Vigo: «Tenemos que hacer de la transparencia un valor de diferenciación».