Las constructoras bajan los precios por la falta de proyectos

Los descuentos en las adjudicaciones se han disparado un 40% con la crisis ante la caída de las obras. Las empresas llegan a ofrecer la mitad del precio al que se licitan los contratos

Una especie de devastadora tormenta perfecta se cernió sobre la construcción nacional durante los años más duros de la recesión. Al estallido de la burbuja inmobiliaria, que dejó seca la edificación de viviendas, se sumó la crisis financiera, que desbocó el déficit público y obligó al Estado a realizar un ajuste detrás de otro que padeció, en gran medida, el ministerio más inversor y el que sustenta la obra pública: Fomento. Ahorrar a toda costa se convirtió en un mantra que el departamento de Ana Pastor mantiene. En el primer trimestre del año, apenas adjudicó contratos de construcción de infraestructuras por valor de 297 millones de euros, una caída del 22,4% con respecto a un año antes.

Las constructoras están padeciendo en sus carnes esta caída. Para abaratar los costes de las infraestructuras, el Ministerio modificó el peso de la oferta técnica y económica de los pliegos de los concursos para adjudicar los contratos. Se pasó del 50%-50% al 25%-75%. Además, limitó los sobrecoges al establecer un máximo del 10% en los denominados modificados, que son los cambios en los contratos que se hacen sobre la marcha porque se detectan fallos en el diseño. El dinero por encima de todo.

Un sistema de subasta

Al cambiar los pliegos enfocándolos hacia un sistema de subasta pura y dura, la situación de las constructoras se ha vuelto más endeble. Ante la escasez de proyectos y la preponderancia de la parte económica en los concursos, las empresas han ido ajustando cada vez más a la baja sus ofertas ofreciendo descuentos que en ocasiones alcanzan el 50% del precio al que las obras han sido licitadas. Según Seopan, la patronal del sector, en 2015 la baja media (descuento) en las adjudicaciones alcanzó el 31,6%, un valor un 40% superior al que había en 2007 (22,7%). El Estado (34,2%) es la administración que ha adjudicado contratos con descuentos medios del 34,2%.

¿Se pueden construir estas infraestructuras con la mitad del presupuesto con el que fueron pensadas y con los modificados limitados y ganar dinero? No, aseguran desde el sector. «Las empresas licitan obras deficitarias para lograr la clasificación que da la administración y que les permite optar a los proyectos. Sacrifican dinero en un proyecto para poder acceder a otros que sí lo dan», explican fuentes del sector. A lo más que aspiran las compañías en estos contratos es a perder el menor dinero posible. «Pueden recuperar un 10% con los modificados y otro 10% adicional al final del trabajo, cuando se liquida la obra y se hace balance de si hay aspectos que han costado más y se pueden justificar», añaden las mismas fuentes.

Las constructoras han afinado mucho su olfato estos últimos años para detectar los fallos en el diseño de los proyectos que dan lugar a los modificados. Si los hay, explican, no es por el mal desempeño de los que diseñan las infraestructuras sino porque el sistema de licitación es igual de perjudicial para las empresas de ingeniería. «En España apenas se dedica un año a hacer el proyecto. En Estados Unidos o Gran Bretaña, tres o cuatro», explican. El diagnóstico lo refrenda Fernando Argüello, director general de Fidex, una asociación que engloba a las principales compañías de ingeniería españolas. «Lo que recomienda la UE es contratar la ingeniería en base a la calidad para asegurar que el proyecto está perfectamente definido. Si lo que hay que hacer está claro, luego no vienen los modificados, las sorpresas y los sobrecostes», explica Argüello. En España, sin embargo, el criterio es también dar un 75% de importancia al precio, lo que resta profundidad a los proyectos. «El dinero no da para hacer buenos estudios geotécnicos y luego vienen los problemas», insiste Argüello.

A pesar de lo abultado de los descuentos ofrecidos, en la mayoría de los casos no incurren en lo que se denomina bajas temerarias, descuentos excesivamente bajos. «Lo que se da ateniéndose a la ley son bajas desproporcionadas, por así decirlo. El común de las administraciones considera baja temeraria aquellas ofertas que resultan de la media más 10 puntos porcentuales. Pero descuentos de un 30% o un 40% acaban no siendo bajas temerarias porque como todo el mundo presenta precios muy agresivos para llevarse los contratos, el listón de lo tolerable baja mucho», afirman los consultados.