Las empresas en concurso podrán ser compradas

Luis de Guindos, a su llegada al encuentro 'La Europa que deja la crisis' hoy en el Palacio de la Magdalena de Santander dentro de la programación de la UIMP.

El Ministerio de Economía quiere que el proyecto de ley sobre reestructuración y refinanciación de deuda permita la venta de empresa ya en concurso, y no sólo en fase preconcursal, con quitas de deuda que eviten la liquidación de la empresa.

El Gobierno prepara una normativa para facilitar también que las empresas que se encuentran en concurso de acreedores puedan recibir ofertas de compra en condiciones ventajosas con el fin de evitar la liquidación de la compañía que se ha visto obligado a suspender pagos como consecuencia del precio de mantener una deuda elevadísima. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, aseguró ayer en Santander, en el curso organizado por la APIE y BBVA, que la intención del Ejecutivo es trasladar la legislación que ya fue aprobada para las empresas que se encontraban en la antesala del concurso de acreedores. Para el ministro es mucho más fácil que los acreedores renuncien al cobro de una parte de las deudas y posibilitar la continuidad de la compañía, que crear otra empresa desde cero."El todo acaba valiendo siempre más que la suma de las partes".

La experiencia demuestra que la práctica totalidad de las empresas que entran en concurso de acreedores acaban liquidándose y cesando en su actividad, cuando en buena parte de los casos el negocio es viable, aunque se encuentra amordazado por las deudas, fruto, normalmente, de una política de expansión sin control. "Queremos que la administración concursal no sea una trituradora de empresas. Hay que evitarlo".

De Guindos anunció también ayer que el Gobierno prepara nuevas medidas de unidad de mercado, la ley de colegios profesionales, que se aprobará próximamente y nueva ley de auditorías, que recogerá las recomendaciones impuestas desde Bruselas para este sector, que no salido muy bien parado desde el comienzo de la crisis. El objetivo es mejorar la independencia del auditor, obligar la rotación de las compañías cuando el vínculo entre auditor y auditado haya superado un determinado número de años y también fortalecer los comités de auditoría de las empresas.