Las empresas públicas no se aprietan el cinturón en empleo

Las empresas públicas siguen engordando sus plantillas. Su número de empleados en el arranque de año aumentó en 11.600, hasta alcanzar los 159.300, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Por sorprendente que parezca, en este momento hay más trabajadores en las compañías dependientes de las administraciones que cuando arrancó la crisis en 2008. Entonces había 145.600. El Gobierno se ha marcado como uno de sus objetivos liquidar las compañías públicas, no sólo las propias sino las del resto de administraciones, que no desarrollasen actividad alguna y ajustar el tamaño de aquellas que considere redimensionadas, algo que, al menos en materia de empleo, todavía no ha logrado.

Ajuste

El dato contrasta poderosamente con el importante ajuste que están acometiendo las administraciones públicas en materia de empleo. La central recortó en los tres primeros meses del año 39.500 puestos de trabajo (-7,26%), hasta sumar 504.800. Las comunidades autónomas realizaron un esfuerzo aún mayor y recortaron sus plantillas en 169.000 efectivos (-9,6%), hasta dejarlas en 1,58 millones, mientras que los ayuntamientos redujeron 55.600 (9%) empleos para totalizar 560.500.

Como ya había apuntado la última EPA de 2012, el sector público sigue destruyendo empleo y ha tomado al relevo al privado en lo que a ritmo se refiere. A finales de marzo contaba con 2.845.800 efectivos, un 2,45% menos que en el trimestre anterior, mientras que en el sector privado el descenso fue del 1,79%, hasta situar la cifra en 13.788.900. En tasa interanual, la destrucción de empleo en el sector público fue del 8,32 por ciento, frente al 3,77 por ciento del privado.

El sindicato CSIF atribuyó ayer esta rápida e importante destrucción de empleo en las administraciones «fundamentalmente a la amortización de plazas –empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto– y al despido encubierto de miles de interinos, fundamentalmente en el sector de la enseñanza y el de la Sanidad».

La central considera que la cura de adelgazamiento a que se está sometiendo a la Administración pública compromete su futuro funcionamiento. «La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años, el sistema se hará insostenible, dado que el 50% de los empleados del Estado son mayores de 50 años y uno de cada diez supera ya los 60», advirtió en un comunicado. En este momento, la plantilla de empleados públicos es similar a la que había en 2005, según denunció el CSIF, que pidió un pacto de Estado en la materia.