La ley concursal dispara un 84% las quiebras particulares en su primer año de vida

Cumplido el primer aniversario de la nueva ley concursal, todavía bajo las consecuencias directas del impacto de la pandemia, se ha constatado que su efecto ha contenido en parte la sangría de quiebras entre las empresas –se estancan o crecen ligeramente–, pero las ha disparado entre los particulares. Con la finalización de la etapa de excepcionalidad iniciada por el Real Decreto Ley 8/2020 para hacer frente al impacto de la pandemia se recuperó el deber de solicitar el concurso por el deudor insolvente y volvieron a admitirse a trámite las solicitudes de concurso necesario, disparando el número de concursos.

En concreto, los concursos de particulares crecieron los primeros siete meses de este año un 84%, mientras los de sociedades descendieron un 17%. El 91% de los procedimientos concursales iniciados estos meses corresponden a concursos (3.815), los planes de reestructuración llegan a 225 y se han registrado 166 procedimientos especiales, según los datos de Informa. Las microempresas suponen el 45% del total, superadas por el 48% de las pequeñas, las medianas son el 7% y no aparece ninguna gran empresa.

La entrada en vigor de la reforma concursal también ha supuesto la disminución de los concursos exprés, que se inició en septiembre del pasado año. Durante los ocho primeros meses del 2022 no bajó del 65,5%, pero en diciembre era ya del 17%. En el primer mes de este año rozaba el 15% y había continuado el descenso hasta el 11% en abril. En mayo la proporción subió al 13% para volver a caer en junio al 9% y en julio –el último dato oficial– se quedó en un 5%.

Según datos del Consejo General de Economistas (CGE) en materia de insolvencias, los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos crecieron un 280% entre 2019, antes de la pandemia de coronavirus, y 2022. Este repunte fue mucho más acusado que el experimentado por las empresas, cuyos concursos solo aumentaron un 18%.

Entre los asuntos más criticados y sin resolver de esta nueva ley está la de restringir la condonación de deudas públicas a un máximo de 20.000 euros, decisión que ha sido elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

También sigue coleando el papel de los socios de la empresa en números rojos en el plan de reestructuración que se apruebe, ya que los propietarios insolventes pueden ser desprovistos de sus acciones porque los acreedores presentan un plan que convierte la deuda en títulos.