Ley de Vivienda: los inquilinos ya no tendrán que pagar el mes de agencia al alquilar un piso

La Ley de Vivienda, acordada este pasado viernes 14 de abril por el Gobierno, ERC y Bildu, prohibirá que los honorarios de la agencia inmobiliaria por intermediar en el alquiler de una vivienda recaigan sobre el inquilino. Así lo anunció la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien indicó que estos gastos "correrán siempre a cargo del propietario". "El servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere", agregó.

Los inquilinos se liberan así de uno de los gastos iniciales que deben afrontar al alquilar un piso. Hasta ahora, el desembolso al firmar un contrato podía ascender a cuatro o cinco mensualidades: la fianza, el primer mes de alquiler, la comisión de inmobiliaria (un mes o la décima parte del coste anual del piso más del 21% de IVA) y uno o dos meses de garantía adicional, aunque no siempre se aplica.

Por lo tanto, en el mejor de los casos, un inquilino que alquilara una vivienda gestionada por una agencia debía pagar tres mensualidades (fianza, mes en curso y comisión de agencia), contando con que no se le aplicase garantía adicional. Es decir, para un piso de 900 euros, el pago inicial ascendía a 2.700 euros, ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no define quién debe asumir la comisión de agencia y la mayoría de propietarios cargaban con este gasto a los inquilinos. Sin embargo, la Ley de Vivienda acaba con esta libertad de elección y determina que es el propietario quien debe correr con este gasto. Así, para el mismo ejemplo, ahora el nuevo inquilino sólo tendrá que pagar inicialmente 1.800 euros. "Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone", señala el documento presentado por ERC y Bildu con las medidas acordadas.

Medidas para evitar el fraude de ley

La norma también prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos "a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente", lo que evitará "una posible vía para el fraude de ley" y se eliminarán "las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes".

Según Vallugera, "desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la ley para conseguir el contrato".