Frenazo en la recaudación fiscal de IRPF e IVA por la ralentización de la economía y el empleo

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas -sin contar con la locales- alcanzó en el primer semestre los 30.571 millones de euros, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2022, equivalente al 2,17% del PIB, una corrección a la baja que fue posible gracias al mayor volumen de ingresos, del 9,1%, que de gastos, que se quedaron en el 7,5%, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ese 2,17% del PIB queda muy lejos del 1,81% obtenido en julio de 2022, es decir, que ha crecido un 0,36% y complica cumplir con las expectativas de cerrar el año en el entorno del 3% previsto por el Gobierno. También ha avanzado los datos de déficit propios del Estado, que acumuló un desfase de 37.682 millones de euros, un 56,8% más, debido al efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica y local, y que ha afectado tanto a los ingresos como a los gastos.

Así, la liquidación definitiva del sistema de financiación -contabilizada dos años tras conocerse los datos reales de recaudación- ha constatado que mientras la liquidación de 2020, realizada en 2022, fue positiva para el Estado (restó 6.106 millones al déficit), la de 2021, realizada en 2023, ha sido negativa, tras sumar 11.798 millones. Pese a ello, Hacienda ha querido destacar que si se elimina el efecto de las liquidaciones de ambos ejercicios, así como el derivado del registro del IRPF y las partidas de gasto relativas a coberturas de saldos negativos, el déficit del Estado bajaría un 5,9% al cierre de julio.

En cuanto al déficit del conjunto de las Administraciones, la mayor parte del déficit se concentró en la Administración Central, con un total de 21.588 millones. Eso es un 12,5% menos que hace un año gracias al aumento de los ingresos, para quedarse en el 1,53% del PIB. No siguieron el mismo camino las comunidades autónomas, que incrementaron su déficit en un 41,3%, hasta los 12.110 millones, un 0,86 % del PIB. En este caso, este saldo negativo sufrió el impacto de la transferencia de 3.086 millones realizada por el Estado a las autonomías en 2022 para compensar el cambio en el sistema de gestión del IVA en 2017. Todas las comunidades autónomas cerraron junio con déficit, encabezadas por Murcia (1,59% de su PIB) y Baleares (1,55% de su PIB).

Los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit de 3.127 millones hasta junio, frente a los 1.139 millones también de déficit del mismo periodo de 2022. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se situó en el 0,22%, frente al 0,07% de hace un año.

Aunque los ingresos fueron superiores a los gastos -el 9,1% sobre el 7,5%-, la entrada de dinero en las arcas públicas fue inferior a la obtenida el año anterior tras ingresar 142.890 millones, un 3,6% menos, situación que Hacienda relaciona directamente con la liquidación del sistema de financiación, que afecta al cómputo del IRPF estatal, cuya recaudación bajó un 6,8% al cierre de junio después de que se hayan transferido 4.941 millones a las comunidades autónomas por este concepto. Sin embargo, los ingresos tributarios continuaron creciendo un semestre más, un 0,9%, gracias a una mayor presión fiscal.

Los impuestos inyectaron al Estado 116.288 millones, un 0,9% interanual más y el 81,4% del total de los recursos. De ellos, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 47.028 millones (+0,4%). Sí que mostró una leve bajada la recaudación por IVA, del 0,8%, que el Fisco justifica por las rebajas aprobadas sobre los alimentos, que no estaba vigente en 2022. Pero el efecto de la bajada de la inflación, el menor crecimiento del empleo y la ralentización económica justifican mejor el frenazo recaudatorio, que 10 puntos respecto a hace un año, con una clara tendencia a la baja respecto al crecimiento vivido en 2022.

Por contra, los ingresos por impuesto de Sociedades subieron un 13,3% y el IRPF creció hasta julio un 9,7%, pero muy lejos del comportamiento de semestres anteriores, con impulsos del 12,7% el pasado enero y de más del 17% de hace un año. Respecto a las nuevas figuras tributarias, entre ellas, el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables y los gravámenes temporales a energéticas y entidades de crédito, el importe conjunto de estos tributos ascendió a 1.633 millones. Los datos hasta julio recogen también exigua recaudación de 14 millones de euros por el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, una cifra que Hacienda desdeña en este informe tras calificarlo de "residual", porque la recaudación real no se verá hasta el que corresponda a agosto, ya que el ingreso principal de este nuevo tributo podía abonarse hasta el 31 de julio.

Por el lado del gasto, los empleos no financieros del Estado se situaron en 180.572 millones, un 4,8% más que en los siete primeros meses de 2022. La partida de mayor volumen fueron las transferencias entre Administraciones Públicas, con un peso del 64,2% sobre el total de empleos no financieros, que ascendió a 115.842 millones, un 8% más por la compensación del saldo global negativo de la liquidación de 2020. Las comunidades han recibido hasta ahora 61.585 millones, el Sistema de Seguridad Social ha canalizado 29.604 millones y la Administración Local se ha beneficiado de 15.429 millones. Por su parte, la remuneración de asalariados creció un 3,7% y se situó en 12.080 millones, los consumos intermedios ascendieron a 3.597 millones, un 11,6% más que en el mismo periodo de 2022; y los intereses devengados aumentaron un 1,1%, hasta situarse en 15.971 millones.